'Síndrome Sigifredo' le cuesta al Estado $9 billones

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El error de la Fiscalía General de la Nación en el caso del exsecuestrado Sigifredo López, quien estuvo dos meses en prisión domiciliaria, no es el único que se ha presentado en el país. Por este hecho se han interpuesto un total 7.572 demandas en contra de la entidad.

Según el informe de defensa judicial de la Fiscalía, en total, hasta marzo de 2012, se han interpuesto 12. 053 demandas por un valor de $26,8 billones, de los cuales $9,7 billones hacen parte de las acciones interpuestas por privación de la libertad, monto con el que se podría financiar hasta por cuatro veces las obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Eldorado.

Sin embargo, no se descarta que los $9,7 billones que actualmente existen en demandas por privación de la libertad se incremente, no solo si López decide interponer una acción judicial en contra del ente acusador por mantenerlo detenido sin existir pruebas contundentes en su contra, sino de otros colombianos en la misma situación.

Según el representante a la Cámara, Heriberto Sanabria, no solamente se trata del caso de López, sino que también en las cárceles “hay personas sindicadas mas no procesadas, ni juzgadas, a las cuales la fiscalía viene dilatándoles su situación y que muy seguramente si resultan inocentes van a demandar”.

Sanabria aseguró que se debe hacer una reforma estructural al sistema de defensa del Estado y establecer un mecanismo jurídico para que las medidas de aseguramiento y detención tengan un verdadero soporte probatorio.

Sanabria agregó que el gobierno debe considerar la posibilidad de que la Nación utilice la acción de repetición en contra del servidor público responsable para que pague solidariamente las demandas en contra del Estado.

Reconocer la equivocación

Por su parte, el ex magistrado, José Gregorio Hernández, sostuvo que la Fiscalía debe reconocer la equivocación cometida.

“El principio constitucional en materia de responsabilidad penal es el de la presunción de inocencia y, sin embargo, la presentación pública del caso, a cargo de la Fiscalía, partió del supuesto de la culpabilidad, sobre la base de pruebas que -al contrario de lo afirmado ahora por el Fiscal- resultaban deleznables a los ojos de cualquier observador imparcial”.

Por lo que el fiscal general, Eduardo Montealegre, manifestó su preocupación sobre las repetidas inconsistencias que se están presentando durante las investigaciones por falsos testigos.

“Quiero declarar mi preocupación por un hecho recurrente en algunos procesos penales en la justicia colombiana donde aparecen falsos testigos, donde personas que pertenecen al proceso de justicia y paz han hecho declaraciones que no corresponden a la verdad”, señaló Montealegre.

Sí hay un carrusel

El exfiscal Guillermo Mendoza indicó que sí hay hoy un carrusel de testigos falsos que se debe investigar. “Sabemos que hay un carrusel de testigos y que efectivamente algunos están declarando solo para obtener beneficios procesales en sus casos o a veces cosas abyectas, como beneficios económicos o venganzas personales, eso sí se sabe que existe”, agregó.