Sin control, no se sabe cuánto vale una campaña política

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Alejandra Barrios es la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), única organización que está dentro de la Misión Especial Electoral, que se encargará de hacer sugerencias para la reforma política que se acordó en el proceso de paz con las Farc.

La Misión está compuesta por académicos que han estudiado durante años los problemas del sistema electoral colombiano y la MOE también ha hecho lo suyo desde su creación hace 10 años.

Sin embargo, cuentan con solo cuatro meses para formular sus sugerencias. Pese al corto tiempo y a que el sistema legislativo abreviado conocido como Fast Track durará poco, Barrios afirma que lograrán hacer propuestas asertivas y que esta es una ventana de oportunidad que aprovecharán porque solo se da cada 25 años.

¿Qué temas identificaron para abordar?

En principio dos: uno, trabajar en la arquitectura institucional electoral –mirar cómo se podría reformar la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la posibilidad de crear un Tribunal Electoral-; y el segundo, avanzar hacia la apertura democrática en el escenario territorial sin regresar al escenario postconstitución de 1991 cuando hablábamos de más de 74 partidos con representación en el Congreso de la República, que permitió que entraran las relaciones entre ilegalidad y política. Esos son los dos grandes temas, que independiente de cómo se aborden reconfiguran el sistema electoral colombiano. Además, hay otros temas que están más relacionada con el sistema político.

¿Cuáles son esos temas?

Debates que ha dado el país frente al tema de si podemos llegar a listas cerradas, el tema de género, de acceso a las mujeres al ejercicio de la política y la financiación. Esta última es una preocupación del presidente Santos y que la traduce en la posibilidad de avanzar en un plan de choque para romper la relación entre legalidad y política y fortalecer las organizaciones políticas desde la democracia, no solo desde el acceso a los recursos financieros. Si hablamos de recursos, hay que hablar de corrupción.

Si uno logra generar no solo las medidas legales de reformas, sino el engranaje institucional que sea capaz de detectar, luchar y judicializar a tiempo esa unión entre corrupción y política, vamos en el sentido correcto.

¿Pero son temas que priorizarán ?

Sí. Ante ese inventario de temas debemos ser muy asertivos desde la Misión Especial Electoralsobre cuáles son aquellos que se pueden priorizar, escuchando las recomendaciones de las organizaciones políticas, organizaciones sociales, grupos académicos y de regiones. Eso nos podría permitir hacer reformas mucho más integrales y de alto impacto.

¿Con cuanto tiempo cuentan?

Tenemos cuatro meses para presentar todo el conjunto de recomendaciones. Sabemos que el Fast Track es una ventana de oportunidad impresionante que solo ocurre cada 25 años. La primera fue la Constitución de 1991 donde hubo grandes reformas de hondo calado para el país. Esta dura seis meses y puede ser prorrogable a otros seis meses, pero esos últimos son precisamente el periodo preelectoral del Congreso de la República y por lo que le consta a la MOE en ese semestre hay una mayor preocupación por las campañas políticas precisamente por avanzar en las propuestas legislativas.

Por ese sentido de realidad, es que sabemos que la Misión Especial Electoral tiene que ser muy asertiva y efectiva en las propuestas que presenta y en la forma cómo lo hará.

¿Cuándo entregarían las recomendaciones?

A mediados de mayo, pero eso no significa que no podamos hacer recomendaciones antes, porque estamos en pleno periodo legislativo. Es decir, hay temas en los que si no empezamos a recomendar, se nos pasa el tren. Por ejemplo, sobre el estatuto de la oposición, que aunque no es un tema en el que ya hemos decidido trabajar desde la Misión, es algo en lo que han avanzado mucho las organizaciones políticas.

Sobre la propuesta del presidente de la financiación estatal, ¿cómo sería el planteamiento de la MOE?

Partimos de una premisa: hoy en Colombia no es posible saber cuánto vale una campaña política porque no tenemos un sistema que permita hacer un control efectivo de ingreso de los recursos. Con una situación tan crítica y con una institucionalidad que no tiene esa capacidad, la posibilidad de hacer un plan de choque es bienvenida, pero tenemos que empezar a hablar sobre el tipo de listas que hay que tener, que serían listas cerradas, y si se tienen, claramente se tendría que decir que no se puede trasladar el problema ilegal de las campañas políticas a las elecciones primarias de los partidos políticos.

Entonces hay que generar control y para hacerlo sedebe tener una autoridad electoral muy fuerte.Habría que entrar a reformar la arquitectura electoral.

Entonces queda en el aire la posibilidad de que esa financiación se dé para las campaña del 2018 como lo mencionó el presidente

Hay algunas decisiones y muchísimas reformas en las que por el calendario electoral que está por iniciar, empieza exactamente un año antes –en marzo-, no se podría aplicar, pero eso no implica que sea un fracaso, significa que se podrían aplicar por primera vez en las elecciones más difíciles que son las elecciones locales.

Sin embargo lo que harán siguen siendo sugerencias ¿Qué tanto esperan del trámite que todo esto tenga en el Congreso?

Es una ventana de oportunidad. Soy hija de la Constitución de 1991. A todos nos dijeron que era imposible tener una constituyente. Soy de las que está absolutamente convencida de que nada es imposible. Tenemos una ventana de oportunidad de cuatro meses y con el equipo que conforma la Misión Especial Electoral y con el apoyo que tenemos de diferentes instituciones para hacer un buen trabajo, lo que hay son propuestas sobre la mesa.