La Coalición contra la vinculación de niños,niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) presentó un documento con seis temas importantes a tratar sobre la situación de los niños y niñas en la participación del conflicto armado, el documento incluye: el dimensionamiento de la violencia sexual, la situación de la niñez en las zonas de frontera, las Campañas cívico-militares, la Inclusión de los niños y las niñas en los acuerdos de paz, entre otros.
El pasado 16 de junio se llevó a cabo el 68 periodo de sesiones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, allí se convocó a un grupo de trabajo privado convocado por este organismo con el fin de escuchar a los representantes juveniles, así como ONG para recoger información adicional a la proporcionada por el gobierno colombiano en su informe oficial sobre el estado y garantía de los derechos de los niños y niñas en el país.
Después de escuchar las intervenciones de los representantes juveniles de las ONG, el comité formuló una 'lista de cuestiones', sobre los puntos que se considera se debe debatir con el Estado Colombiano, estas inquietudes serán transmitidas al Gobierno de Colombia para que se proporcione información adicional y actualizada sobre los temas identificados como prioritarios.
Estas son las 6 inquietudes presentadas por COALICO:
1. Igualdad de tratamiento independientemente del carácter y estatus político del grupo armado. Los niños y niñas reclutados o utilizados por los grupos armados post-desmovilización, no reciben el mismo tratamiento jurídico de las víctimas de reclutamiento ilícito atribuible a las guerrillas de las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia Ejercito Popular (Farc-ep) y del Ejército de liberación nacional (ELN), negando así el carácter que mantienen estos grupos como estructuras armadas que guardan una relación directa o siguen siendo grupos paramilitares.
El Gobierno al no reconocer el carácter de grupo armado de estas estructuras ha llevado a que los niños y niñas víctimas de éstas sean reconocidos como delincuencia común y no como víctimas en el marco del derecho internacional humanitario, lo que lleva a que el Código de Infancia y Adolescencia sea aplicado en pleno en materia de Responsabilidad Penal Juvenil.
Además, excluyéndoles de la posibilidad de acceder a los mecanismos de reparación integral establecidos para las víctimas del conflicto armado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y el acceso a los procesos de desarme, desmovilización y reintegración previstos por el Estado a cargo de la Agencia colombiana para la reintegración (ACR), lo que significa hoy en la práctica una desigualdad en el tratamiento que reciben los niños aún cuando los efectos en sus vidas y derechos son los mismos.
2. Dimensionamiento del fenómeno de violencia sexual en el país contra NNA en ocasión del conflicto armado. Si bien se reconoce un avance del Estado colombiano en materia de implementación de sistemas de información que den cuenta de algunas violaciones de derechos humanos, frente a las afectaciones contra los niños, niñas y adolescentes (NNA) por el conflicto armado, la brecha aún es alta.
Por ejemplo, en materia de violencia sexual en contra de NNA en ocasión o en relación con el conflicto armado, no es posible identificar la dimensión de ésta en el país.
En una aproximación realizada por organizaciones de la sociedad civil en el marco de la campaña 'Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra' se ha establecido que entre el año 2008 a 2012, se registraron por algún sistema de información del Estado 48.915 casos, de los cuales no es posible hacer seguimiento uno a uno, no se puede establecer que tipo de atención han recibido las víctimas al menos en materia de salud y el abordaje psicosocial de los efectos, y no se encuentran claramente identificados los avances en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los perpetradores de las violaciones.
Teniendo en cuenta que esta afectación en particular es especialmente invisibilizada por razones que van desde el miedo de las víctimas a la denuncia por la presencia y presión de los actores armados y/o la vergüenza que este tipo de afectaciones implica, hasta las barreras de acceso a la institucionalidad que pasa por la falta de formación de los y las funcionarias públicas para la atención de víctimas de violencia sexual, la ausencia de seguimiento de las situaciones puestas en conocimiento de alguna autoridad, ausencia de una cultura del registro o la complejidad de éste, han llevan a que no sea posible contar con el dimensionamiento que esta situación requiere para fundamentar el diseño, apropiación presupuestal, implementación y evaluación de políticas públicas que respondan a una realidad más cercana.
Por lo anterior, se hace necesario insistir en la disminución de la brecha entre los diferentes sistemas de información del Estado, una franja común que permita una mejor organización y utilidad de la información disponible así como el seguimiento de los casos que se han presentado especialmente en materia de justicia que sirva como mecanismo preventivo de nuevas violaciones de esta naturaleza contra los NNA.
3. Situación de los NNA en las zonas de frontera. De acuerdo con el monitoreo y visitas de campo a las zonas de frontera por organizaciones de la sociedad civil y versiones de miembros de las comunidades, especialmente, con los países de Venezuela y Ecuador, se ha encontrado que las dinámicas propias de las zonas fronterizas se han convertido en un facilitador de violaciones contra los niños y niñas. En el caso del reclutamiento por ejemplo, el transito de los actores armados entre un territorio y otro, facilita la evasión de la acción de protección e investigación de las autoridades.
4. Campañas cívico-militares continuidad y debilidad del Estado colombiano en el proceso de revisión de las mismas. A partir de la revisión de las Observaciones emitidas por este Comité al Estado colombiano en virtud del OPAC, éste último adoptó un oficio fechado del 6 de julio de 2010 emitido desde el Comando General de las fuerzas militares con el objetivo de que la fuerza pública tuviera en cuenta aspectos relativos a la protección de los NNA en el marco del conflicto armado, incluyendo como uno de los aspectos principales las acciones conocidas como cívico-militares.
Desde entonces, las mismas fueron denominadas como Acciones de apoyo al desarrollo, pero han conservado la esencia de las campañas cívico militares. De esta manera, desde Julio de 2010 la COALICO ha monitoreado un promedio de 195 acciones de apoyo al desarrollo realizadas por la fuerza pública en algunos casos acompañada por la institucionalidad civil local y regional, en la que han participado más de 150.000 NNA en 31 de los 32 departamentos del país.
Estas acciones siguen en la línea de actividades educativas, recreativas y de salud pero auspiciando la militarización de la vida civil, estimulando a los NNA al cumplir la mayoría de edad a pertenecer a las fuerzas militares de manera abierta y directa y mantener el acercamiento con la población civil.
5. Inclusión de la situación de los niños y niñas en la mesa de diálogo y establecimiento de mecanismos verificables que garanticen la entrega e inserción social de los mismos.
Frente a la ausencia de discusión de la situación de NNA afectados por el conflicto armado en el actual proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las Farc-ep, con base en lo sucedido en procesos anteriores de esta naturaleza en el país, se teme que se repitan errores del pasado y que una vez más los niños y niñas reclutados, especialmente los niños y niñas menores de 15 años que forman parte de las FARC, no sean identificados e individualizados en el momento de la desmovilización final.
Así mismo, preocupa que aún después del inicio del proceso de diálogo no hayan cesado las acciones de reclutamiento y uso de los NNA así como actos de violencia sexual, muerte y heridas por ataque y ocupación de escuelas y otros bienes civiles, entre otros, lo cual es previsible teniendo en cuenta que los diálogos se surten sin acuerdo previo y bilateral de cese al fuego. De igual manera preocupa que hasta el momento la situación de los NNA no haya sido tratado en forma directa en el marco de los diálogos.
6. Garantías e integración social de los niños y niñas desvinculados. En el contexto actual de diálogos para la terminación del conflicto armado entre el Gobierno colombiano y la Farc-ep y el inicio de la etapa exploratoria con el ELN, frente a la eventual entrega masiva de los niños y niñas adolescentes que se encuentran vinculados a estos grupos.
En ese sentido, respetuosamente solicitamos que el Comité pudiera hacer énfasis en la necesidad que en el país se diseñe e implemente acciones que garanticen y favorezcan sus procesos de inserción, los cuales deberán partir de una evaluación objetiva de las fortalezas y debilidades que este tipo de acciones han tenido en el pasado y se tenga como referencia criterios como:
a. Participación activa de los mismos niños, niñas y jóvenes víctimas en la discusión y definición de las medidas de protección y reparación integral a las cuales van a acceder.
b. Acompañamiento psicosocial y medidas de inserción social que reconozcan su condición de víctimas de reclutamiento y los efectos que este hecho les ha generado.
c. Inclusión de herramientas de prevención como parte de las garantías de no repetición, lo que debe de contemplar en forma prioritaria la implementación en las regiones de programas orientados a garantizar oportunidades de educación y desarrollo que eviten la vinculación de nuevos niños y niñas y la reincorporación de quienes se desvinculen a otras estructuras armadas vigentes en el país.
De acuerdo al trabajo de investigación, monitoreo, acompañamiento e incidencia política a nivel nacional y local, se identifican como trascendentales con relación a la situación de la niñez y su participación en el conflicto armado.
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