Seis casos que avergüenzan a la justicia colombiana

COLPRENSA | LA PATRIA 

En el país ha habido una larga lista de crímenes que nunca se han podido resolver. Desde los grandes magnicidios como el asesinato del mariscal Antonio José Sucre, que remplazaría a Simón Bolívar, hasta el crimen de Jorge Eliecer Gaitán, cuyo supuesto autor material fue Juan Roa Sierra, linchado por la muchedumbre. 

El exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero, afirma que “ hay una larga tradición la colombiana de no resolver los casos, pero existe una explicación de la razón de la impunidad. La primera es que en la investigación criminal es tan malo que no haya sospechosos como que haya un excesivo número de sospechosos. Y esos casos como el de Luis Carlos Galán, Jaime Garzón, entre otros, tienen múltiples sospechosos”, afirmó. 

Según el exmagistrado, esta clase de casos tienen como señalados a carteles del narcotráfico, la clase política tradicional que ha tomado la decisión de eliminar mediante el homicidio a los políticos que estiman un riesgo para sus posiciones; además, de una alianza narcoparamilitar que en el tiempo de algunos estos casos ya existía. Por otro lado, agregó que hay un interés político evidente en encubrir esta clase crímenes. 

“Hay una especie de acuerdo implícito entre varias personas e instituciones para confundir las investigaciones. Eso es clarísimo en el caso de Jaime Garzón, en el que está probado que se presentaron testigos falsos, pistas falsas del DAS, que la condujo para donde no era con el propósito específico de lograr la impunidad. En el caso de Galán, lo primero que hizo la Policía Nacional fue confundir la investigación porque metieron a la cárcel a un montón de gente inocente. Esa fue la forma de llevarla hacia otro lado para propiciar la impunidad. Entonces es muy problemático para un Estado poder luchar contra el crimen organizado cuando incluso hay ramificaciones de ese crimen organizado dentro del propio Estado, encargados de confundir las investigaciones que deben llevar al esclarecimiento. Y esa era una función que cumplía el DAS y algunos miembros de la Policía”, indicó Quintero. 

El jurista aseguró que hay otro punto que dificulta las investigaciones y es que estos hechos son cometidos por organizaciones criminales muy violentas, los cuales terminan afectando los medios de prueba. “Los testigos no comparten los procesos a testificar, cuando vieron algo, porque simplemente los eliminan o se inician procesos de acoso contra ellos o contra los funcionarios judiciales que tienen a cargo las investigaciones. En el caso de Álvaro Gómez Hurtado, los fiscales de la época tuvieron que salir exiliados porque hubo amenazas contra ellos. Una de las hipótesis conducía a oficiales del Ejército Nacional y otra conduce hacia el narcotráfico”, sostuvo Quintero. 

Por último, el exmagistrado se mostró positivo en que estos casos se resuelvan ahora que hay unidades en la Fiscalía encargadas de investigar estos crímenes, con más recursos y medios para encontrar los responsables, aunque resaltó que hay un agravante y es el tiempo . 

“En el caso de Galán eran jueces de instrucción los que investigaban, porque todavía no había Fiscalía. Y estos jueces eran funcionarios judiciales que estaban solos en una oficina, que les caía por reparto esta clase de casos y no tenían ningún apoyo y representatividad institucional. Entonces normalmente lo llevaban de un lugar para otro y no funcionaba bien. La Fiscalía ha logrado institucionalizar la investigación criminal, ha logrado hacer unidades de investigación, de contexto y tener sus propios recursos, por lo que avanzan más en las investigaciones. Pero del mismo modo, atenta mucho contra la obtención de un éxito el hecho de que haya pasado tanto tiempo. Porque en las investigaciones penales el tiempo que pasa es una pared que se va poniendo en contra de la verdad. A medida que pasa el tiempo la verdad se va enterrando y es más difícil de lograr. Los casos que ocurrieron hace 15 o 20 son muy difícil esclarecerlos. Los testigos van perdiendo el recuerdo o se van muriendo, como pasó en el caso del Palacio de Justicia”, concluyó Quintero. 

1. El magnicidio de Luis Carlos Galán
La noche del 18 de agosto de 1989, el precandidato del Liberalismo, Luis Carlos Galán fue asesinado en la plaza de Soacha, de Cundinamarca. El precandidato se disponía a dar un discurso y unos segundos después de sube a la tarima, es asesinado de varios disparos de ametralladora. En junio de 2015 inició formalmente el juicio en la Corte Suprema en contra del general (r) Miguel Maza Márquez, investigado por su muerte. Se han escuchado las versiones del general Maza Márquez, de la esposa de Galán, Gloria Pachón, de los exescoltas y de exparas como Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez”. El caso sigue sin cerrarse tras 25 años de ocurrido el crimen. En el caso se investiga el cambio del jefe de escoltas, las fallas de seguridad para un candidato que fue considerado la persona más amenazada del país, el evento que no habría sido agendado y la presunta relación del DAS y el Cartel de Cali con el crimen. 

2. La toma del Palacio de Justicia 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Colombiano por este holocausto ocurrido el 6 de noviembre de 1985. Día en que el M-19 asaltó la sede del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y demandó hacer un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986). El gobierno ordenó entonces la retoma del Palacio y a lo largo de casi dos días de enfrentamientos armados murieron un centenar de personas, entre ellas los guerrilleros y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema. También fueron dadas por desaparecidas 10 personas, la mayoría empleados de la cafetería de la sede judicial. La toma del Palacio y la respuesta de los militares dieron paso a una madeja judicial: procesos penales se abrieron y cerraron por decisión de diferentes tribunales hasta que la Fiscalía General comenzó en 2005 a investigar nuevamente el caso desde cero. La Fiscalía ordenó entonces la detención de varios militares retirados, incluido el coronel Alfonso Plazas Vega, cuyo juicio por desaparición forzada comenzó a mediados de 2008. El caso de Plazas Vega sigue sin decisión hasta el día de hoy. Se espera que en los próximos días se falle en este caso. 

3. El homicidio de Jaime Garzón
16 años cumplirá este 13 de agosto el asesinato del humorista Jaime Garzón (1999), a manos de sicarios en una calle de Bogotá, cuando se dirigía a su trabajo a la sede de Caracol Radio. La Fiscalía ató nuevos cabos para evitar que el episodio quede en la impunidad, por lo que se investiga al general retirado Rito Alejo del Río, quien purga pena de prisión por un episodio violento en la región del Atrato chocoano. Al momento del crimen Del Río era el jefe del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien se desempeñaba como jefe de Inteligencia de la Decimotercera Brigada del Ejército. Además de Plazas, en la Fiscalía también avanza el proceso contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, entonces profesor de la Escuela Superior de Guerra; quien fue acusado como determinador del homicidio, al establecerse que en su condición de asesor de los miembros de las Auc y hombre de confianza del extinto jefe paramilitar Carlos Castaño, instigó el asesinato. 

4. El exterminio de la UP

Homicidios como los de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez son solo algunos que marcaron la oleada de violencia entre los años 80 y 90 contra los miembros de La UP y la Alianza Democrática-M19. En el caso de Pizarro en el 2014 la Fiscalía General de la Nación dio un giro a la investigación en un intento por demostrar si detrás del crimen que hoy completa 25 años, se presentó una alianza criminal donde agentes del Estado tendrían participación. El 26 de noviembre del año pasado se logró que el cuerpo de Pizarro fuera exhumado por segunda vez, para realizar una nueva necropsia. La Fiscalía recientemente halló más puntos de conexión entre estos magnicidios. El equipo de trabajo encontró patrones criminales comunes, destacando, por ejemplo, la calidad de las víctimas, la coincidencia en los móviles y el modo en que fueron perpetrados los homicidios. Otros conectores como el tipo de arma, los escoltas en común que habrían servido a los tres políticos, la participación de agentes del Estado de la Fuerza Pública, el abordaje a las víctimas y el asesinato de los autores materiales de los magnicidios. La Fiscalía pretende encontrar a los máximos responsables y no descarta la vinculación de dirigentes políticos, agentes del Estado, paramilitares y mafias narcotraficantes, que habrían participado en los hechos. 

5. El crimen Álvaro Gómez Hurtado

La Fiscalía anunció en 2014 que el asesinato del político conservador, periodista y excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado hace 20 años, fue una grave violación a los derechos humanos y no prescribirá en 2015. Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez, fue asesinado a tiros en Bogotá el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, donde era catedrático. El asesinato de Gómez Hurtado se produjo en un periodo de gran agitación política en Colombia, que por entonces estaba inmersa en un escándalo por la supuesta financiación del cartel del narcotráfico de Cali a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper, del cual el político conservador era un severo crítico. Por ese crimen han sido investigados varios funcionarios del Gobierno de la época, entre ellos el entonces ministro del Interior y el senador, Horacio Serpa. Según la Fiscalía, las investigaciones le fueron asignadas a la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac) el 18 de septiembre de 2014, con el objeto de continuar con un estudio acerca de la forma como ocurrió el crimen, reconstruir el contexto general y realizar las asociaciones de casos para identificar a los responsables. 

6. El homicidio de Héctor Abad Gómez  
Para Antioquia es uno de los crímenes sin resolver. En 2014 la Fiscalía declaró el asesinato del médico y defensor de derechos humanos, Héctor Abad Gómez, como delito de lesa humanidad. La investigación, que estuvo a punto de prescribir, quedó abierta para que la justicia, luego de 27 años, encuentre la verdad. Los hechos se remontan al 25 de agosto de 1987, día en que sicarios dieron muerte a Luis Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida). Según registros de la Corporación Nuevo Arco Iris, ese mismo día, el cuerpo de Vélez fue trasladado a la sede gremial, ubicado en el centro de Medellín para su velación y al lugar acudieron entre otros el entonces presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Humanos de Antioquia, el médico Héctor Abad Gómez, el también médico Leonardo Betancur Taborda, pero al llegar al sitio hombres fuertemente armados dispararon contra Abad Gómez y Betancur Taborda. Este triple asesinato estremeció a la sociedad antioqueña y reafirmó lo que ya era evidente: una ola de crímenes perpetrada por los grupos de autodefensas, cuando Carlos Castaño empezaba a demostrar su poder criminal en lo que él mismo denominó después ‘la autodefensa urbana’.