Colprensa | La Patria
La Corte Constitucional resolverá este jueves una demanda que busca que se entreguen mayores garantías a las personas que se asentaron en un predio y, que luego de un proceso de restitución de tierras, pudieron demostrar que estaban allí de buena fe y no por ser los causantes del despojo.
Este tipo de casos son caracterizados en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como segundos ocupantes o terceros de buena fe exenta de culpa. La ley además establece que los jueces pueden compensarlos cuando se pruebe que no se trata de victimarios o testaferros de estos.
La Corte estudia una demanda que presentó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) en contra de algunos apartes de la ley, que asegura que esos segundos ocupantes no necesariamente son victimarios ni tuvieron que ver con los hechos que originaron un despojo, o que están en condición de vulnerabilidad que les impidió demostrar que actuaron de buena fe.
La ponencia de la magistrada María Victoria Calle, que no alcanzó a resolverse este miércoles, será aprobada este jueves en el sentido que se debe indemnizar cuando se demuestre el estado de vulnerabilidad y la ausencia de culpa de estas personas.
Y es que según la demanda, en la práctica, “lo que ocurre es que este grupo de opositores al no demostrar la buena fe exenta de culpa y a pesar de no haber participado de los hechos que dieron lugar al despojo o abandono forzado, no logran acceder al único mecanismo establecido en la ley para proteger sus derechos”, agrega la demanda.
En este proceso ya la Procuraduría General de la Nación emitió su concepto asegurando que cuando los segundos ocupantes estén en condición de vulnerabilidad, sus circunstancias deben poder ser evaluadas por las autoridades competentes.
Para la entidad, no obstante, los requisitos que estableció la Ley para exigir la prueba de la buena fe exenta de culpa son legítimos para evitar que en un proceso de restitución de tierras se termine compensando a los despojadores o a los testaferros.
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