Se ponen pilas con el uso correcto de dineros del Estado durante emergencia

LA PATRIA | MANIZALES

La emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional para controlar la propagación del coronavirus exige el mayor compromiso de todas las entidades del Estado para que las diferentes medidas se ejecuten adecuadamente en beneficio de los colombianos.

Por eso la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación acordaron articular capacidades para poner en marcha un programa de vigilancia y control denominado Transparencia para la Emergencia.

Cada institución, en el marco de sus competencias, verificará el estricto cumplimiento de las medidas decretadas, ejercerá la acción preventiva para garantizar el uso adecuado de los dineros públicos destinados a la asistencia de la población.

También constatará que existan las condiciones esenciales para superar la situación causada por el virus, y actuará con celeridad para investigar y sancionar los hechos de corrupción que sean identificados.

“No vamos a permitir que los recursos de los colombianos, necesarios en este momento para enfrentar la emergencia, terminen en los bolsillos de los corruptos”, aseguran los jefes de estas entidades.

¿Cómo funcionará?

El esquema integrado Transparencia para la Emergencia se pondrá en marcha en todos los territorios del país. Inicialmente, serán priorizados los asuntos contractuales relacionados con salud, seguridad y convivencia, educación, y servicios sociales y de atención de emergencias.

En ese propósito, equipos especializados, conformados por personal de cada entidad, recibirán las quejas de la ciudadanía, identificarán los sectores más sensibles e intervendrán para blindar los procesos de contratación en los que exista riesgo.

Semanalmente, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía informarán al país sobre observaciones, resultados y hallazgos del programa conjunto.

Alcaldes y gobernadores, atentos

Los entes del Estado tienen la obligación de suministrar a los organismos de control, la información que se requiera para cumplir con la labor de vigilancia.

El incumplimiento de esta disposición constitucional dará inicio a la aplicación de medidas cautelares y la imposición de sanciones en el ámbito, disciplinario, fiscal y penal.

Toda la información necesaria será recopilada por la Delegada Preventiva para la Función Pública, 84 procuradurías territoriales y un grupo especializado de la Unidad de Inteligencia y Analítica de la Procuraduría; junto a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General, así como sus Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales.