Se debe investigar a los M-19 que ordenaron la toma: Alejandro Ordóñez

COLPRENSA | LA PATRIA 

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, apoyó el anunció de la Fiscalía de revisar los alcances del indulto proferido contra el M-19 y le solicitó que investigue de manera inmediata a la cúpula del M-19 por los hechos que derivaron en la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, sin esperar a que haya un acuerdo de paz con las Farc. 

En carta enviada al fiscal Eduardo Montealegre este martes, el procurador dijo que algunas de estas personas aún viven en impunidad, pues nunca han sido sometidas a un enjuiciamiento por haber ordenado el hecho, e indicó que a pesar del tiempo transcurrido, 20 años, el Estado colombiano no ha cumplido con su deber de investigar, juzgar y condenar a los responsables. 

"El Estado, así sea tres décadas después, debe investigar, juzgar y condenar a los responsables. Esta obligación debe cumplirse inmediatamente por la justicia ordinaria y no estar sujeta a los resultados de un eventual acuerdo con las Farc y menos a que se adopte un modelo de justicia transicional. Hacerlo es prolongar aún más la impunidad", estimó Ordóñez. 

De acuerdo con el procurador, los mandos del M-19, el mando central y el comando superior, no han revelado en un proceso judicial la verdad completa, detallada y exhaustiva sobre su responsabilidad en los hechos, ni han relatado cómo, con quiénes, con qué auxilio, con qué recursos y cuáles eran los detalles de la toma y de las acciones posteriores a ésta. 

En ese sentido, para Ordóñez, se debe emprender dicho camino inmediatamente, más sise tiene en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos” y que la Ley 77 de 1989 que reglamentó la desmovilización y el decreto 206 de 1990 que se aplicó al M-19 no contempló en el indulto a los llamados “actos de ferocidad o barbarie”. 

“Es evidente que la toma del Palacio de Justicia comprendió por parte del M-19 actos de ferocidad y barbarie que es imposible amnistiar. Es claro también, conforme a diversos testimonios, que en la acción esa guerrilla asesinó magistrados y civiles fuera de combate y en estado de indefensión”, dijo el procurador. 

Ordóñez aseguró en la carta que el M-19 contaba con una estructura jerárquica y que de este caso supieron no solo los integrantes de la Compañía Iván Marino Ospina que ejecutó la toma sino la cúpula de la organización guerrillera. Además, aseguró que cuatro días después de la toma, el M-19 emitió una declaración en la que asume la responsabilidad de la acción, texto que fue suscrito por Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, Antonio Navarro y Gustavo Arias, por el mando central, y por el comando superior Germán Rojas, Marcos Chalita, Otty Patiño, Vera Grabe, Libardo Parra, Israel Santamaría, Rosemberg Pabón y Pedro Pacheco. 

“El documento es una prueba de que las personas mencionadas, en calidad de mandos del M-19, son responsables de ordenar la planeación y consumación del asalto al Palacio de Justicia, la toma de rehenes y el asesinato”, estimó Ordóñez. 

El Procurador le solicitó entonces al fiscal Montealegre “adelantar las diligencias que correspondan, en el marco de su competencia, para que se investigue, juzgue y si es del caso se les condene, al igual que a los demás miembros del grupo que hayan participado en el diseño, ejecución y orden de dicha operación criminal”. 

Para Ordóñez, una “paz sostenible no puede edificarse sobre la impunidad. No basta con que los dirigentes del M-19 que ordenaron la acción hayan reconocido su responsabilidad en 1985. El Estado tiene la obligación de perseguirlos penalmente, ellos decir la verdad y reparar a las víctimas del Palacio de Justicia”.