Se allana el camino para que Duque objete ley de la JEP

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Se agota el plazo estipulado para que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, anuncie a la opinión pública si objeta o sanciona la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pareciera que se está creando un escenario para que el mandatario opte por devolverla al Congreso de la República por inconveniencia.

Ayer 36 políticos, académicos y empresarios anunciaron el respaldo al presidente en caso de que decida objetar la ley, bajo el argumento de que como jefe de Estado tiene la facultad de manifestar su desacuerdo con este tipo de proyectos, en aras de mantener el equilibrio de poderes en el país.

Allí los autores sostienen que Duque debe evaluar detalladamente los problemas que se derivan de las diferentes cláusulas relativas a la conexidad con el delito político, especialmente las conductas de abuso sexual, el incumplimiento de obligaciones por los comparecientes a la JEP.

El grupo de detractores del proyecto también considera que se debe evaluar la pérdida de beneficios por reincidencia en delitos como secuestro, narcotráfico y homicidio; la extradición de quienes los cometan y el tratamiento que se llegue a dar a los delitos continuados y permanentes.

Esto se suma a lo dicho por el expresidente y senador Álvaro Uribe. De acuerdo con el líder del Centro Democrático, si bien la JEP no se puede eliminar, sí debe ser objeto de modificaciones y anunció un proyecto de reforma constitucional alrededor de ocho aspectos.

“No hemos visto la posibilidad de tener las mayorías para reformarla”, dijo Uribe el martes, mientras cuestionó los recientes hechos sobre un supuesto soborno en el que se vio involucrado un fiscal de apoyo de esa jurisdicción.

La declaración de Uribe llegó tras la captura del fiscal de apoyo de la JEP Carlos Julián Bermeo, por supuestamente recibir una millonaria suma de dinero para incidir en el proceso de extradición del exlíder de la extinta guerrilla de las Farc Zeuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich.

Incluso, el mismo Uribe dijo: “Lo que hasta hace pocos días no tenía condiciones para ser derogado, uno no sabe hasta donde estos hechos bochornosos de la JEP –previsibles por su origen- lleguen a decirle a los políticos y a la opinión pública, hay que derogar la JEP”.

Una reforma que Uribe pide tener en cuenta tiene que ver con la extradición de los exmiembros de las Farc cuando el delito sea cometido después del primero de diciembre del 2016, fecha en la que se firmó el acuerdo de paz. Otra modificación está relacionada con las penas alrededor de los delitos que involucran a menores de edad.

El analista político Jhon Mario González señala que lo más probable es que el presidente, Iván Duque, objete la ley estatutaria de la JEP por razones de conveniencia, porque en el fondo lo que se está jugando alrededor de esta es el debate político.

“Objetarla no va a afectar a la JEP de fondo, porque el Congreso va a entrar a examinar las objeciones y no creo que tenga las mayorías para que esas se mantengan. Muy probablemente el presidente va a firmar esa ley después de las objeciones, pero primero salvará políticamente al Centro Democrático”, dice González.

El analista argumenta que cualquier acción que se tome en relación a la JEP es política, porque la Corte Constitucional ya le dio vía libre a esta ley antes de pasar a sanción presidencial. Dice que el mandatario necesita manifestar su postura frente a las bases de derecha que lo apoyan, porque en el fondo no ha cambiado nada de los acuerdos de paz, como lo aseguró en su campaña.

Carlos Andrés Arias Orjuela, analista político, señaló que la aprobación es impostergable, pero aun así cree que el presidente le hará objeciones que atrasarán la entrada en vigencia de la ley estatutaria para plantear aspectos asociados a las inconformidades del Centro Democrático, en cabeza de Álvaro Uribe.

A favor de la sanción

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, le ha solicitado a Duque no objetar la ley estatutaria, argumentando que constitucionalmente no es admisible la formulación de objeciones presidenciales en este trámite legislativo, sin perjuicio de que con la posterioridad se formulen debates de política pública en relación con la materia regulada, que puedan derivar en ajustes o actualizaciones de dicho Estatuto.

Según Carrillo, más allá de tenerse en cuenta la Ley Estatutaria, que está sometida a reglas constitucionales específicas, se debe tener de presente el proyecto de Ley 8 de 2017 del Senado, momento en el cual se tramitó el procedimiento legislativo especial para la paz, comúnmente denominado como el fast track, esto con el propósito de ofrecer garantías y cumplimiento al fin del conflicto.

Así mismo, alrededor de 1500 militares que estuvieron condenados y posteriormente dejados en libertad al someterse a la JEP, pidieron al presidente sancionar esta ley para que la jurisdicción siga funcionando.