Colprensa | LA PATRIA
El presidente Juan Manuel Santos, en medio de la posesión del nuevo consejero de Estado, César Palomino, se refirió al caso del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt y sobre la demanda que cursa en el Consejo de Estado en contra de la elección del procurador General Alejandro Ordóñez.
En el primer caso, el presidente aseguró que el Gobierno Nacional no se ha involucrado y ha respetado el fuero del Congreso de la República para definir si el magistrado Pretelt es penalmente responsable del delito de concusión, contrario a lo que dijo el mismo jurista en una entrevista concedida a un medio de comunicación.
“Hoy el magistrado Pretelt –cuyo caso ha pasado a la plenaria del Senado– dice que su acusación e investigación tienen orígenes políticos. Esa es una moda que ha hecho carrera cuando cualquier alto funcionario o exfuncionario es llamado a rendir cuentas: se declaran ‘perseguidos políticos’. Ni el Gobierno, ni yo, hemos movido un dedo para que la decisión sea en cualquier sentido. ¡Claro que no!”, dijo el mandatario.
La responsabilidad, aseguró, recae en los miembros del Senado de la República que ahora son jueces, a quienes llamó a que voten y no eludan su responsabilidad. “Eso es bueno para la democracia, para la justicia, para el mismo doctor Pretelt y para el país”, agregó el jefe de Estado.
Sobre el procurador Alejandro Ordóñez, dijo que respetando la autonomía del Consejo de Estado, espera que se le dé una pronta definición a la demanda que cursa en su contra para darle un buen mensaje al país.
“Desde hace más de 3 años está a su estudio una demanda sobre la elección del Procurador. Aquí tampoco podemos decir si deben fallar a favor o en contra. ¡Ustedes son los jueces! Pero es muy mal mensaje que pase tanto tiempo sin una definición. Es muy mal mensaje que los más altos funcionarios interpongan recursos dilatorios, en lugar de buscar el pronunciamiento de fondo”, dijo.
El presidente afirmó que debe ser en estos casos en los que se pruebe la eficacia y la agilidad de las instituciones y en los que también “hay que demostrar que a los altos funcionarios del Estado se les juzga con el mismo rasero que a cualquier ciudadano del común”.
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