Santos firmó la destitución de Petro

COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

El Gobierno colombiano tomó la decisión de no acoger la solicitud de medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del alcalde Gustavo Petro. Así lo informó ayer el presidente Juan Manuel Santos.

En consecuencia, sostuvo que firmará la solicitud de la Procuraduría General de la Nación de destituir al mandatario capitalino, y designó como alcalde encargado al ministro de Trabajo, Rafael Pardo.

“El papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es complementario y alternativo por lo cual solo debe operar en el evento que no funcione o haya una falla en el sistema interno. Por todo lo anterior, y ante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conocida ayer (martes) a las 11:00 de la noche, el Gobierno no acoge la solicitud de medidas cautelares. La cancillería dará respuesta detallada y oportuna a la comisión”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado sostuvo que en la mañana de ayer recibió la comunicación en donde el procurador Alejandro Ordóñez, “me solicita decretar la destitución y debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes, en consecuencia, y para no continuar con el estado de incertidumbre en el que se encuentra la capital, designo a Rafael Pardo para que se encargue de la alcaldía”.

Con la Constitución

Santos agregó que desde que el procurador anunció la sanción “dijimos clara y tajantemente que tanto el proceder del presidente como del Gobierno debería cumplir con la Constitución, las leyes y defender las instituciones. Al mismo tiempo solicitamos que al alcalde se le aseguraran todos sus derechos y se le permitiera usar todos los recursos legales a su disposición. Así hemos procedido al pie de la letra y así ha sucedido”.

Por último, dijo que la justicia actuó de manera pronta y efectiva, “fueron más de 300 tutelas que la justicia tuvo que resolver ante los tribunales y las altas cortes. El Concejo de Estado ha señalado que Petro aún dispone de otras instancias ante la jurisdicción colombiana, en este caso es evidente que la justicia colombiana no solo ha actuado, sino que lo ha hecho de manera transparente, eficaz y oportuna”.

Así el presidente acata el fallo de la Procuraduría que destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde Gustavo Petro el pasado mes de diciembre.

No son obligatorias

La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, explicó que la decisión del Gobierno de no acoger las medidas cautelares dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en favor del alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro, fue porque estas “no son obligatorios para el Estado”.

“Las medidas cautelares no son parte de la Convención de San José, estas surgen de un reglamento de la CIDH, que lo hacen los mismos comisionados. Las medidas no son un mandato que hubieran dado los Estados a la Convención, por esta razón no son obligatorios, y por esta razón es que la Comisión 'solicita' al país unas medidas cautelares”, aclaró la Canciller.

“Aquí la palabra 'acatamiento' no existe, porque las medidas no son vinculantes ni obligatorias para el Estado