COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Los empresarios que por coacción de grupos ilegales hayan tenido que pagar ‘vacunas’ (extorsiones), no serán procesados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Así quedó explícito en el Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Farc y fue ratificado ayer por el presidente, Juan Manuel Santos.
El documento dice que la JEP tendrá competencia para investigar la financiación o colaboración con los grupos paramilitares, siempre que no sean resultado de presiones, y sobre personas que tuvieron una participación determinante o habitual en la comisión de los crímenes serán competencia de ésta jurisdicción, según lo establecido en el numeral 40, salvo que previamente hubieren sido condenadas por la justicia por esas mismas conductas”.
El asesor jurídico del proceso de Paz y expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, explicó que la JEP no será espacio para una “cacería de brujas” pues la posibilidad de hacer acusaciones o denuncias para tener beneficios quedó prohibida.
“Quedó perfectamente claro que los terceros no van a ir a la JEP) por el hecho de haber pagado una vacuna o una extorsión. Eso queda exculpado. Si a usted le tocó pagar un “impuesto” eso queda excluido y perdonado en términos de derecho penal”, dijo Henao.
Esta aclaración se hizo luego que se conociera un listado que recoge 57 sentencias de Justicia y Paz, en las que fueron condenados paramilitares y que tienen compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta financiación que igual número de empresas habrían hecho a dichas organizaciones.
Ayer, Santos insistió en que la JEP tendrá competencia sobre terceros civiles que hayan tenido una participación determinante con los grupos ilegales.
“Quiénes son los terceros: pueden ser empresarios, agricultores, profesores, periodistas (…) La justicia ordinaria lleva ya varios años recibiendo testimonios de los paramilitares y guerrilleros y en los testimonios aparecen nombres de muchas personas, nombres de muchas empresas y la justicia ordinaria está obligada a hacerle seguimiento a esas menciones”, dijo Santos.
Para el Jefe de Estado, esta es una gran oportunidad para que los empresarios limpien sus nombres pues solo serán juzgados quienes hayan colaborado de forma habitual, sistemática y determinante.
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