Sancionan leyes de presupuesto e incidencia fiscal

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El presidente Juan Manuel Santos sancionó ayer tres leyes que serán de importancia para el presupuesto nacional el próximo año. La primera es el Presupuesto Nacional, tasado en $203 billones y que, de acuerdo con el mandatario, será el de "mayor inversión social en los últimos 20 años”.

Según él, permitirá llegar a más de medio millón de víctimas del conflicto armado reparadas, proporcionar agua potable por primera vez a tres millones de colombianos y a más de 3,3 millones que tendrán alcantarillado, conectar con fibra óptica y banda ancha a todos los municipios del país.

En términos de seguridad, el presupuesto permitirá incrementar el pie de fuerza en 15 mil policías y 3 mil soldados, adicionales al pie de fuerza existente.

La segunda ley sancionada es la que extiende por un año el impuesto del 4 por mil, que consiste en que cada usuario bancario deba pagar al Estado cuatro pesos por cada mil que maneje dentro del sistema.

A pesar de que se había afirmado que este impuesto se comenzaría a desmontar desde el primero de enero, el Gobierno decidió mantenerlo para invertir los recursos recogidos en el agro colombiano.

Temas como los distritos de riego, vivienda rural, restitución de tierras, comercialización de productos, investigación y algunos compromisos que el Gobierno ha adquirido con diferentes sectores del agro, así como la condonación de los créditos rurales del Banco Agrario, serán prioridad para el Gobierno el otro año.

Incidencia fiscal

La tercera ley es la de Incidencia Fiscal, que el presidente calificó como histórica. Según él, Colombia se ha convertido en ejemplo mundial sobre el manejo responsable de las finanzas públicas.

La idea es que, para realizar cualquier acción del Estado se tenga como principal criterio el impacto fiscal que esta pueda generar, con el objeto de mantener la salud fiscal de la Nación.

Según el jefe de Estado, “no hay situación que afecte más los derechos de los ciudadanos que la de un déficit fiscal” porque, cuando este se presenta, el Gobierno se ve obligado a recortar el gasto público negando el acceso a los derechos a muchos ciudadanos.

De esta forma, el criterio de sostenibilidad fiscal, que fue elevado a rango constitucional, ya tiene una ley que determina la forma en que este principio opera en el país. De esta forma, cuando una decisión tomada por alguna ramas del poder público afecte el Presupuesto Nacional, esta podrá ser objetada argumentando este principio, según las normas establecidas en esta ley.

A pesar de la fuerte oposición de diversos sectores que afirman que vulnerará los derechos fundamentales de los ciudadanos solo por cuidar en presupuesto, el presidente afirmó que “una condición necesarísima para garantizar los derechos es precisamente la estabilidad y la salud económica del país”.