EFE | COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
El exjefe guerrillero de la Farc Henry Castellanos, alias Romaña, aseguró que sigue en el proceso de paz con el Gobierno, pero critica las fallas en la implementación del acuerdo firmado en 2016, informó la Fiscalía.
Así lo expresó Romaña en una carta enviada al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien ratificó que la seguridad jurídica para el exjefe guerrillero se mantendrá por su decisión de no retornar a la ilegalidad.
La Fiscalía señaló en su cuenta de Twitter que Romaña reafirmó en una carta enviada a esa entidad "su compromiso" con el "cumplimiento del acuerdo de paz, pero reclama legítimamente implementación de proyectos productivos".
El desmovilizado devolvió hace semanas el esquema de seguridad que le había suministrado el Estado y hasta el momento se desconoce su paradero.
La Misión de Verificación de la ONU confirmó la semana pasada que seis exlíderes de la antigua guerrilla se marcharon de las zonas de reincorporación donde se encontraban y su paradero es desconocido, por lo que las autoridades investigan si abandonaron el acuerdo de paz y se unieron a disidencias.
El partido Farc admitió que desconoce el paradero de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe negociador de paz y número dos de la antigua guerrilla, y de Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa.
Congresistas de la Comisión de Paz del Senado viajaron el lunes con funcionarios de la ONU al Caquetá, donde permanecen desmovilizados, para indagar sobre el paradero de Iván Márquez.
Tras la visita, el senador del partido Farc Pablo Catatumbo hizo un llamado a Iván Márquez para que se pronuncie sobre su situación y no permitir así que "las especulaciones sigan haciendo carrera".
El alto consejero presidencial para el Posconflicto, Emilio José Archila, aseguró que la incertidumbre que atraviesan los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde residen los exmiembros de la antigua guerrilla, son responsabilidad del gobierno de Juan Manuel Santos, que dejó estas zonas sin la suficiente financiación y planeación.
“Resaltamos la ausencia de previsiones básicas de suministro y mantenimiento; la desarticulación de las gestiones estatales y la ausencia de planeación jurídica respecto de los inmuebles ocupados; la increíble suposición de que se lograría culminar el proceso en 2,5 años; la carencia de recursos en general, pero en particular para soportar los proyectos productivos, así como la mala e inoportuna asistencia técnica prestada; lo inadecuado de la capacitación que se brindó; y la precariedad de la estructuración financiera y comercial de los proyectos productivos”, dijo en respuesta a la carta que envió la Procuraduría al Gobierno pidiendo garantías para el proceso de paz.
Archila agregó que en los próximos días el Gobierno Nacional designará a los miembros de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Verificación del Acuerdo Final y el Consejo Nacional de Reincorporación, para dar respuesta a los inconvenientes que se presentan con la reincorporación de los exmiembros de la antigua guerrilla.
El alto consejero también aseguró que no hay ninguna fragilidad en la voluntad del Gobierno para que se obtenga la estabilización de las regiones más afectadas por la violencia ni para que los excombatientes que confiaron en el Estado tengan el apoyo que necesitan para que sigan la ruta que escojan y vuelvan a ser parte de la sociedad civil.
De acuerdo con Archila, a mediano plazo se analizará la manera cómo cada espacios territorial ha evolucionado y cuáles son las expectativas de los excombatientes, para que a mediados del año entrante se pueda tomar una decisión definitiva.
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