COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La puja que se presenta en el Congreso por cuenta del proyecto de ley que reglamenta la Justicia Especial de Paz (JEP), mantiene al país a la expectativa por el giro que se le pueda dar a la implementación del acuerdo con las Farc durante el mandato de Iván Duque.
El trámite de este proyecto, que crea las reglas de funcionamiento de la JEP, es frenado por la mayorías del presidente electo en el Senado, que el lunes decidieron aplazar la votación hasta la próxima legislatura, algo que no cayó bien en el Gobierno Nacional, que insistió en que se retomara la discusión ayer, último día de las sesiones ordinarias.
El llamado hizo eco en la Cámara de Representantes, que finalmente terminó por aprobar el articulado, el cual pasó en casi todo su texto. Sin embargo, el Senado sigue siendo la piedra en el zapato, porque no existe voluntad política para retomar la discusión, pese a que se encuentra incluido en las sesiones extras ya convocadas, desde mañana hasta el 3 de julio, aparece en primer lugar en la lista de proyectos que se consideran de vital importancia.
El principal argumento para frenar el proyecto es que el Centro Democrático quiere esperar la respuesta de la Corte Constitucional, en relación al proyecto de creación de la ley estatutaria, que ya fue aprobada por el Congreso, para poder proceder a evaluar la iniciativa que crea la reglamentación de la JEP.
Ante esto, el presidente, Juan Manuel Santos, volvió a hacer un llamado al Congreso para que no aplace la aprobación del proyecto de ley que reglamenta la JEP, hasta la otra legislatura, y sostuvo que no es hora de medir las fuerzas políticas con la paz.
El presidente afirmó que el pretexto de que la Corte Constitucional no le ha dado el visto bueno a una ley estatutaria sobre este tema no es válido, porque lo que se está reglamentando no es la ley estatutaria, sino un acto legislativo que ya tiene aval constitucional.
Sin embargo, semanas atrás, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que la JEP podía funcionar sin la aprobación de este proyecto, porque ya está blindada por el Corte Constitucional, pero que necesitaba de esta para poder tener una ruta y estar en pleno funcionamiento.
Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, señaló que lo dicho por Rivera en cierta medida es cierto y que al no aprobarse la reglamentación de la JEP, tendría ella misma que crear sus propias reglas.
“En la medida en que se demoren, se pongan obstáculos para que se dé esa regulación legal, a la JEP no le queda sino un camino: optar por definir sus propias reglas, porque hay situaciones jurídicas que están en conocimiento de la JEP y por tanto ella no puede sustraerse a dejar de cumplir su deber, resolviendo situaciones en ausencia de procedimiento, entonces, tiene que crear sus reglas de procedimiento”, dice.
Agregó que de llegar a presentarse este caso, habría inconvenientes de seguridad jurídica en las normas de procedimiento que se vayan a aplicar. “El Congreso de la República está cometiendo un error en esa materia, porque lo que se le había reclamado a la JEP era que estaba actuando sin unas normas de procedimiento. Esa tarea de crear las normas de procedimiento las tiene que asumir el Congreso de la República”.
Según Burbano, la JEP, al tener un respaldo constitucional, las normas de procedimiento que está dilatando el Congreso solo servirían para darle seguridad jurídica a los procesos que lleve y para las víctimas del conflicto.
Vicente Torrijos, experto en paz y docente de la Universidad del Rosario, afirmó que “mal haría el Congreso en aventurarse a una reglamentación sin haber esperado el diagnóstico de la Corte en cuanto a la ley estatutaria, entonces creo que eso haría mucho más sólida cualquier reglamentación y, por su puesto, que sería lo deseable en materia de coordinación entre las diferentes ramas del poder”.
De acuerdo con el experto, es normal que el nuevo Gobierno tenga una participación en lo relacionado con la paz y en particular si participa en el proyecto de reglamentación de la JEP, porque lo dotaría de la legitimidad que hasta ahora no tiene.
Adicionó que la JEP puede empezar a funcionar, independientemente del reglamento, pero con unos límites precisos como no poder tomar decisiones de fondo. “Si no se hace una reglamentación atendiendo las indicaciones del nuevo gobierno, entonces, estaríamos falseando la realidad de que hay otro mandato”.
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