Refrendación de acuerdos, ¿una participación simbólica en el proceso de paz?

COLPRENSA | LA PATRIA

 A las diferencias que rodean el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC se suman elementos relacionados al desarrollo de un eventual acuerdo final de paz. El primero cuestiona cómo se refrendarán los acuerdos de la mesa por los colombianos y el segundo cómo se van a implementar jurídicamente. 

No en vano estos ingredientes han atizado el debate público, pues para algunos sectores aún no hay claridad en el mecanismo que se utilizará para dirimir ambos asuntos, aun cuando en voz del Gobierno la negociación de La Habana ya entró en su recta final. 

Además, ahora el presidente Juan Manuel Santos asegura que la refrendación “no tiene que ser un procedimiento con efectos legales, sino un procedimiento político”, lo que buscaría blindar los acuerdos de la mesa, al no tener vinculación jurídica en la refrendación, que ahora se acercaría más a ser una participación simbólica de los colombianos. 

¿ENSILLANDO ANTES DE TRAER LA BESTIA? 

En opinión de la senadora Claudia López, el gobierno se ha precipitado abriendo el debate en un tema que fue bandera de la campaña reeleccionista, pues cabe recordar que al tomar posesión de su segundo mandato, el 7 de agosto de 2014, Santos se comprometió a que "serán los colombianos los que refrendarán el acuerdo final que allí se alcance”. 

"Primero Santos dijo que la última palabra sobre esos acuerdos la tendríamos los colombianos en las urnas mediante un referendo y luego de que los colombianos aceptemos esos acuerdos, que son base de la legitimidad, ahí sí se podrían implementar. Entonces ahí pensaríamos en un mecanismo de implementación, pero por ahora el Presidente está ensillando sin tener las bestias", dijo López. 

De otro lado, David Barguil, presidente del Partido Conservador, dice que se debe insistir en que el gobierno cumpla con lo que planteó inicialmente, por lo que reiteró "la necesidad de llevar esos acuerdos a un referendo y que los colombianos puedan decir si están o no de acuerdo con lo que se pacte". 

En cuanto a la implementación, etapa posterior a la refrendación popular, que implicará adoptar varias reformas constitucionales e institucionales, el dirigente rechaza la opción que planteó Santos sobre poner en marcha un "congresito" o una "comisión legislativa" transitoria, para que reglamente los posibles acuerdos de paz. 

Aunque el gobierno insiste que esta no reemplazaría al Congreso, pues estarían los propios congresistas y delegados de las Farc que ellos determinarían, para el conservatismo es inconstitucional que existan dos cuerpos legislativos en el país. 

"Además el tema de fondo es si aquí se está pretendiendo que miembros de las FARC hagan parte de un congreso o un cuerpo legislativo para que se aprueben ellos mismos los acuerdos, en virtud de lo que se firme en La Habana", cuestionó el representante. 

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, un "congresito" rompería el orden constitucional vigente, por lo que la labor de la implementación deberá estar en manos del Congreso de la República. 

Sobre la refrendación, el analista explica que no existen mecanismos de participación en la Constitución Política que sólo tengan un fin político, como lo plantea Santos, sino para que el país se pronuncie sobre proyectos de desarrollo o reformas a la Carta Magna. 

"La mejor manera en la que se podría adelantar un voto popular que tenga un efecto político es a través de presentarle lo pactado a los ciudadanos en el marco de una consulta popular, porque hay que recordar que estos acuerdos no solo tienen contenido político y de reforma legal, sino planes de desarrollo que cambian completamente el modelo de desarrollo del país", señaló el experto. 

Así las cosas, lo que requiera trámite constitucional podría evacuarse a través de los canales que la ley contempla en el Congreso, sin necesidad de acudir a los ciudadanos. 

"Ahí se matan dos pájaros de un tiro, porque se puede consultar la opinión de los ciudadanos en lo político y también se puede generar un mandato en materia de planes y programas de desarrollo", agregó Restrepo. 

En ese punto, Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, considera que la salida que le queda al gobierno a una condición que se auto impuso, es una participación similar a la séptima papeleta, en la Constitución del 91. 

"Sería una 'papeleta por la paz' o una especie de validación genérica, lo que la opinión pública podría sentir como un 'conejo' a su validación, porque no tendrá ningún efecto jurídico. Es decir 'me gusta' o 'no me gusta' el acuerdo final", explicó. 

FÓRMULAS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL 

Mientras en el terreno de juego se debate por la refrendación y la implementación de un eventual acuerdo, en la mesa las partes dirimen sus diferencias en torno a la justicia transicional y en cómo administrar el disenso en beneficio del proceso. 

Precisamente, ante la pregunta de si el modelo que se aplique a las FARC también debería aplicarse a quienes han cometido crímenes de Estado, incluyendo a facilitadores civiles, Santos asegura que es un paso necesario para cerrar el conflicto definitivamente. 

"Todos los que han cometido crímenes de guerra deben ser juzgados y acogerse a la justicia transicional", dijo el jefe de Estado. Sin embargo, aclaró que las fórmulas podrían variar según los actores, pero serían aplicables a todos los que cometieron delitos en el conflicto. 

Para Ariel Ávila, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, lo que busca la justicia transicional es encontrar a máximos responsables y luego, en materia punitiva, se le daría un tratamiento diferencial dependiendo de su culpabilidad. 

"La justicia transicional es un paquete completo, no se trata de que sea igual o no con un actor u otro, pero no va a ser otro marco de justicia transicional. Pueden variar penas, pero debe haber verdad, justicia y reparación", aclaró Ávila. 

Ante este panorama crece la expectativa por la 'creatividad jurídica' que empieza a cocinarse en la búsqueda de consensos tanto en la mesa, para que la justicia transicional reduzca al mínimo la impunidad, como en el país, para que no se desdibuje la promesa de que sean los colombianos, a través de su voto, quienes tendrán la última palabra en los acuerdos de paz.