Reformar la JEP es un camino espinoso

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

La discusión que se dará en el Congreso de la República después del 16 de marzo sobre las objeciones del presidente, Iván Duque, a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP) será larga, profunda y agitada, al punto que se podría tomar meses.

Las seis réplicas del primer mandatario están fundamentadas, supuestamente, en temas de inconveniencia y no en la legalidad lo cual ya fue avalado por la Corte Constitucional. Y es ahí por donde la discusión se empieza a dar, es decir si realmente el jefe del Estado sí podía objetar la ley o solo sancionarla.

Y es desde ahí en donde arranca la polémica. Duque, a su regreso de su gira por Estados Unidos, aseguró que presentaría cuestionamientos a la ley y la firmaría. “No voy a entrar en controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto”, dijo el presidente Duque a su regreso de Nueva York.

Sin embargo, el cambio de postura del mandatario ocurrió en menos de un mes. De ahí que objetó la ley y anunció que tramitará una reforma constitucional. Ayer le pidió al Congreso que les dé pronta discusión a sus observaciones.

Posiciones divididas

Las mesas directivas están divididas frente a sí es posible o no discutir las objeciones. Son dos las posturas: una que sí deben el Senado y la Cámara, tan pronto arranquen las sesiones ordinarias, debatir las objeciones y, la segunda postura, que no se puede porque ya la Corte Constitucional definió la legalidad de la ley.

El presidente del Senado e integrante del oficialista Centro Democrático, Ernesto Macías, dijo ayer que tras ser recibidas las modificaciones, las mismas serán repartidas, se procederá además a designar dos comisiones, y se esperará que en sesiones ordinarias se voten esos informes, en donde se determina si se acogen o no.

La mesa directiva de la Cámara de Representantes le está dando otra lectura al estudio de los reparos del mandatario a la Ley Estatutaria. Por ejemplo, se estudia si realmente el Congreso es competente para darle trámite a las objeciones presidenciales en los términos fijados en los artículos 241, 165 a 167 de la Constitución y 197 a 201 de la Ley 5 de 1992.

La Cámara además evalúa los comentarios que hizo el procurador general, Fernando Carrillo, en una carta que le envió a Duque en febrero, en la que le advertía que hay poca claridad sobre la facultad del mandatario de presentar objeciones al proyecto de ley estatutaria en mención.

El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, aseguró que por ahora no se va a pronunciar, que en compañía de su grupo de abogados analizará cuál postura jurídica de las que se han dicho es la que se debe adoptar.

La discusión apenas se inicia y, sin duda, será el tema de mayor discusión que se tendrá durante las próximas semanas en el Congreso, incluso por encima del Plan Nacional de Desarrollo.

En menos de un mes también llegará al Congreso una reforma constitucional a la JEP propuesta por Duque, una iniciativa que recoge el sentimiento de un sector de la opinión que nunca estuvo de acuerdo con el proceso de paz con las Farc y mucho menos en dar beneficios a los desmovilizados de la entonces guerrilla que se dieron con esa justicia transicional.

Por ahora está claro que serían al menos tres los actos legislativos que se radicarían en el Congreso: uno el que lleve Duque, otro el que anunció el jefe del partido de gobierno (Centro Democrático) Álvaro Uribe y un último el que anticipó el senador conservador Juan Diego Gómez, el cual también tendría el apoyo de esa colectividad.

Compleja discusión

No será nada fácil que el Gobierno y los partidos que le acompañen puedan tramitar esa reforma, esto porque los actos legislativos que aprobó el Congreso entre 2016 y 2017, los cuales ya fueron avalados por la Corte Constitucional, dieron una seguridad jurídica a los mismos al menos durante tres gobiernos.

Es decir que durante 12 años las reformas constitucionales que dieron vía libre al acuerdo de paz (la JEP, la desmovilización de las Farc, entre otras), no se podrán modificar, esto dando una seguridad jurídica y política.

La representante a la Cámara de la Alianza Verde Juanita Gobertus, sostiene que “en algunos temas que expone el presidente se trata ya de discusiones cerradas por la Corte Constitucional en las que el propio Congreso ha cerrado la puerta. La implementación de los acuerdos es una política de Estado que debe cumplirse de buena fe durante los próximos tres gobiernos”.

Una opinión contraria la da el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien sostiene que “no hay ninguna norma que no pueda entrar a revisión o que no pueda ser modificada, como dicen algunos”.

El anuncio del jefe del Estado es que la JEP se reforme en tres aspectos. El primero es incluir los delitos de abusos y acoso sexual a los menores de edad en la justicia transicional, el otro es que se deje claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios y el último es que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del primero de diciembre del 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, serán competencia de la justicia ordinaria.

Al respecto, la representante Goebertus sostiene que las reformas son bienvenidas, pero "será el Congreso el que considere si pone o no en riesgo el acuerdo de paz”.

El senador conservador Juan Diego Gómez se mostró confiado en que se darán los cambios, en especial el relacionado con los delitos contra los menores de edad. “Vamos a encontrar más respaldo a reformar el acto legislativo 001 de 2017 y así incluir un artículo nuevo en la Constitución que quede expreso”.

Otra gran reforma a la JEP la pretende hacer el Centro Democrático, desde donde su jefe, el senador Álvaro Uribe, considera que en la actualidad sí habría el respaldo político para que se apruebe la misma en el Congreso, esto por todos los escándalos que han rodeado a la JEP.

Uribe propone ocho reformas a esa jurisdicción, entre las que se encuentran las cuatro objeciones que presentó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que son evitar que los desmovilizados que incurran en narcotráfico puedan conservar los beneficios de la JEP; garantizar que los reincidentes queden excluidos de la Justicia Transicional; permitirle a la Fiscalía realizar diligencias judiciales y que no haya amnistía para delitos de lesa humanidad.

Desde la academia igualmente se considera difícil poder lograr aprobar esa reforma constitucional que pretende hacer el Gobierno a la JEP. De acuerdo con Kennetj Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, “las propuestas para reformar actos legislativos como el 001 de 2017 es inconstitucional, pues se violaría el acuerdo final de paz. Mucho menos se puede modificar el acuerdo, pues se suscribió con las Farc y ese movimiento guerrillero jurídicamente no existe.

Exnegociadores de paz del Gobierno y de la antigua guerrilla firmaron una carta en la que manifiestan al secretario general de la ONU, António Guterres, su preocupación por las objeciones de Duque que pueden "lesionar gravemente" la aplicación del acuerdo firmado para poner fin a medio siglo de conflicto armado.

Néstor Humberto Martínez, fiscal

El trámite de estas cuestiones no compromete para nada la paz, ni mucho menos causa una herida a la JEP - que ha venido actuando durante estos dos años sin traumatismos- y, por el contrario, constituye una valiosa oportunidad para que, bajo el liderazgo del jefe del Estado, los distintos sectores de la vida nacional procuren un consenso al respecto.

Fernando Carrillo Flórez, procurador

Esta acción da la oportunidad de un debate inoportuno e inútil desconociendo el rol de la Corte Constitucional cuando ella será quien en últimas termine resolviendo este problema.

Rodrigo Londoño, presidente del Partido Farc

Se abre camino a la perfidia y se frustra a los colombianos la posibilidad de reconciliarnos y sanar las heridas que ha dejado la confrontación de más de 50 años.

Álvaro Uribe, senador del Centro Democrático

Estas objeciones, simplemente, tratan de eliminar algo de esa dañina impunidad total y no podemos olvidarnos primero que el no ganó el plebiscito, segundo que lo desconocieron, tercero que las Farc impusieron la JEP y, cuarto, que no contenta de haber impuesto ese mecanismo han exigido que toda persona para entrar a la JEP tiene que ser amiga de las Farc.