Reforma al código penitenciario solucionaría crisis carcelaria

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

Como un punto de partida para solucionar la crisis carcelaria que vive el país, calificó el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, la entrada en vigencia de la Ley de Reforma al Código Penitenciario y Carcelario, presentada junto con los demás miembros del Consejo de Política Criminal.

La ley, sancionada el pasado lunes por el presidente Juan Manuel Santos implementa la oralidad en los procesos ante los jueces de ejecución de penas y permitirá la libertad de por lo menos unas 7.000 personas recluidas por delitos no graves, como la inasistencia alimentaria, falsedad y prevaricato.

Además, otorgará el beneficio de detención domiciliaria para quienes tengan una condena menor a 8 años de cárcel, excluyendo del beneficio a los delitos considerados como graves.

Otra de las modificaciones incluye que los internos que ya han pagado una gran parte de su condena, es decir las tres quintas partes, puedan solicitar la libertad condicional, lo mismo rebajas hasta de una sexta parte de su pena a quienes entreguen información que permita dar con autores o partícipes de delitos.

"Aquí no se van a decretar libertades a nadie que tenga delitos de alto impacto frente a la sociedad. Lamentablemente, cuando entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio se incrementaron las penas. Se está corrigiendo ese error y el de las demás leyes concordantes. Se está volviendo a la normalidad de una situación que era anormal", afirmó el Defensor Otálora Gómez.

Otras medidas

Durante el anuncio de la sanción de esta ley por parte del Ministerio de Justicia, el Defensor dejó en claro que la norma que entró en vigencia “no es la solución al grave problema de hacinamiento en los centros de reclusión” e insistió que el Gobierno debe acompañar este esfuerzo con otras medidas como “el ajuste al Sistema Penal Acusatoria y la construcción de más cárceles”.

Invitó a todas las instituciones del Estado a intervenir de manera coordinada para poner fin a la vulneración y el desconocimiento de los derechos humanos de la población reclusa. A su juicio, es necesario encontrar los mecanismos necesarios para mitigar los efectos de la peor crisis carcelaria que haya registrado el país en su historia reciente, con un hacinamiento que ronda el 58%. "Desde la Defensoría hemos visibilizado esta problemática y hemos demandado de las diferentes instituciones el respeto a los internos", agregó Otálora Gómez.

Finalmente, consideró que con la entrada en vigencia de estas medidas, el Estado, podrá bajar la congestión judicial con la reducción de audiencias y el requerimiento de jueces. A esto se espera una sustancial baja en las demandas contra el Estado por fallas del sistema, representado en la privación injusta de la libertad.