Putumayo y Chocó golpearon las puertas de la Casa de Nariño

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

En varias regiones del país se vienen realizando manifestaciones y protestas. Mientras en el Putumayo las peticiones al Gobierno están relacionadas con la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y la violación de Derechos Humanos, en el Chocó se pide la intervención del Estado por la escasa inversión en materia de salud, infraestructura y educación.

Acuerdos

Tras 12 horas de reunión entre la Gobernación, las alcaldías y la Mesa de las Organizaciones Sociales del Putumayo (Meros), con la compañía de la ONU y la Defensoría del Pueblo, se logró conformar una comisión que mañana viajará a Bogotá para iniciar una serie de reuniones en varios de ministerios y posteriormente con el presidente, Juan Manuel Santos.

Como compromiso para iniciar el viaje de la comisión los campesinos se comprometieron a no bloquear vías ni generar más disturbios y la Policía Nacional a retirar el Esmad.

En el Chocó se firmó un preacuerdo, entre el secretario General de la Presidencia de la República, Luis Guillermo Vélez; el gerente del Plan Todos Somos Pazcífico, Luis Alfonso Escobar, y el ministro de Ambiente, Luis Guillermo Murillo.

Entre los acuerdos se contempla que el Gobierno Nacional pagará todos los pasivos del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, que se calculan en 37 mil millones de pesos a diciembre de este año. La Gobernación, por su parte, se compromete a crear la Empresa Social del Estado Nuevo Hospital San Francisco de Asís para que asuma la administración del centro asistencial. Todo esto estará acompañado de diferentes estrategias para garantizar la salud del pueblo chocoano.

Asimismo, antes de dos meses se inaugurará el acueducto de Quibdó que ofrecerá servicio permanente de agua potable al 95% de su población, y se agilizará la construcción de los acueductos de Bahía Solano, Bajo Baudó, Lloró, Juradó y otros seis municipios.

Enfrentamientos

Jule Anzueta, vocero de la Mesa de las Organizaciones Sociales del Putumayo (Meros), señaló que los policías del Esmad, han atropellado a varios campesinos que se encuentran en las protestas causándoles golpes en diferentes partes del cuerpo y en otros de los casos lanzando gases lacrimógenos que han provocado problemas de salud sobre todo en la población infantil y en mujeres.

Sin embargo, Regulo Martínez, alcalde de San Miguel, señaló que en la cabecera municipal los manifestantes intimidan a los comerciantes con quemar sus negocios si estos abren para atención al público.

Martínez también repudió el ataque que los manifestantes han cometido contra vehículos particulares y públicos incluyendo un carro de la Cruz Roja que adelantaba una brigada de salud, al que le rompieron los vidrios con piedras y dañaron las llantas con machete, poniendo en peligro la vida de los ocupantes.

El alcalde indico que él, junto con el personero Municipal y su secretario de Gobierno también fueron víctimas de ataques con piedras en el momento que trataban de buscar un diálogo con los campesinos para calmar los ánimos.

En el Chocó la situación no ha sido diferente. Aunque el paro ha sido pacífico, en días pasados el Esmad lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes hasta dispersar la huelga. Los pocos comerciantes que permanecían con sus negocios abiertos se vieron obligados a cerrar por el uso del gas.

El paro bloqueó vías, cerró bancos, no hay clases ni en escuelas ni en universidades. El transporte por el río Atrato se detuvo. Lo único que funciona es el aeropuerto. Aunque de acuerdo con lo pactado con el Gobierno todo volverá a su funcionamiento, sin embargo las bases de la protesta desconocen el preacuerdo.

Destacado

Con la protesta, que se inició el miércoles, la población del departamento más pobre de los 32 que conforman Colombia reclama mejoramiento en educación, salud, infraestructura, servicios básicos, proyectos que ofrezcan empleos y comunicación del departamento con el interior del país por tierra y por vía fluvial.