Van cinco homicidios en el corregimiento de Puerto Caldas en lo corrido del año, o por lo menos, esos son los que registran los medios.
No son muchos, pero detrás de esas muertes se esconde un fenómeno del que hasta ahora habla muy poco la prensa y casi nada las autoridades.
Tres de esas muertes han sido atribuidas a un problema entre bandas que, dice la Policía, son de microtráfico, mientras que la comunidad se refiere a ellas como cosa de Los Urabeños y Los Rastrojos, dos de las bandas criminales (bacrim) más grandes del país y de la que hacen parte exguerrilleros, exparamilitares y narcos.
Puerto Caldas está en la vía Pereira-Cartago, justo después del peaje del lado risaraldense. Por eso pareciera no ser de Risaralda.
Muchos de sus 14 mil habitantes trabajan, hacen mercado, vueltas de salud y todas sus actividades cotidianas en Cartago, por eso algunos se sienten más de allá que de acá.
La presencia de estas bandas se explica porque desde hace meses se disputan en Cartago el control del poder heredado de carteles del narcotráfico y de grupos paramilitares no desmovilizados. Y como Puerto Caldas es su vecino inmediato, el corregimiento se ve afectado por una oleada de violencia, esa que ya ha cobrado muchas víctimas en las poblaciones de la zona norte del Valle del Cauca.
San Isidro y El Cofre son dos de los nueve sectores que componen el corregimiento; barrios que no tienen agua potable, de casas construidas con materiales inflamables y que, por la debilidad de sus paredes, son perforadas fácilmente por las balas. Es una zona con pobreza extrema y esto amplía la cantidad de problemáticas sociales presentes en la comunidad.
Allí viven aproximadamente 1700 personas en condiciones de hacinamiento y además, tienen ahora que verse enfrentados a una situación que se les sale de las manos: dos bandas se enfrentan por imponer su ley en el territorio.
No hablan por miedo
“La comunidad no habla a las autoridades de este tipo de cosas por una cuestión muy simple, por temor, porque no hay un suficiente acompañamiento. Ellos saben que si le cuentan estas cosas a las autoridades, van a entrar a hacer un barrido como acostumbran, decomisan dos o tres armas y dicen que el problema está solucionado ... No van a decir nada por una cuestión de protección y supervivencia, prefieren sentirse bajo la cobertura de los otros, así sea una mala cobertura, que arriesgarse a contar sabiendo que eso puede ser perjudicial para sus vidas”, afirma una persona que trabaja en la zona de El Cofre.
Como dicen en San Isidro, hay silencio porque la comunidad tiene miedo, pero también hay silencio de las autoridades. Mientras esto pasa, en El Cofre, San Isidro y El Cofrecito se rompe el silencio con las balas, la gente tiene la necesidad de acostar a los niños bajo sus camas por miedo a las balas perdidas.
Una mujer llegó al corregimiento Puerto Caldas desplazada por la violencia. Hoy es desplazada una vez más porque no va a pagar una vacuna que le fue impuesta por una de las bacrim que opera en la zona. Deja su negocio, el colegio de su hija, su casa y sus cosas.
Otra mujer del corregimiento tiene un hijo que siendo menor de edad está en el negocio de la droga. Transportaba armas de Cartago a Puerto Caldas y de Puerto Caldas a Cartago. Hoy se va del corregimiento, porque su hijo está en la lista de personas que va a matar una de las bandas criminales.
A finales de mayo los vecinos intentaron hacer con los niños una jornada para pedir la paz, con la idea de que estas bandas dejaran de pelearse el territorio y pararan las balaceras. Pero la jornada no se pudo realizar.
La gente cuenta que el día antes los habían amenazado diciéndoles que si estimaban la vida de los niños no podían hacer eso. La situación fue reportada a través de una carta a la Secretaría de Educación. Pero no es solo esto lo que se ha reportado, en las escuelas se ha visto un fenómeno de deserción estudiantil.
De hecho, en una de ellas han registrado unos 30 retiros en el último mes, porque al parecer, los padres de familia están involucrados con alguna de las dos bandas y les toca irse. Pero no solo son los niños quienes han salido de sus escuelas, sino familias enteras que huyen del sector.
“Estamos hablando de desescolarización, de que tienen una hora para poder transitar en la calle. Se habla de que se está entrando un tráfico de armas y tráfico de drogas”, dice alguien que trabaja en el sector refiriéndose al toque de queda que hay después de las 7 de la noche y, a lo que cuentan otros habitantes de Puerto Caldas sobre el ingreso de armamento por el río La Vieja.
“No hay bacrim”: Policía
En una entrevista, el coronel Eduardo Cárdenas, comandante de la Policía Metropolitana, asegura que “guerrilla no hay en Risaralda, bacrim tampoco hay en el departamento. “Hay bandas delincuenciales y en algunas fracciones delincuencia organizada”.
Pero, aún con miedo, en Puerto Caldas hay gente que habla de que ha sido extorsionada, que hay balaceras, deserción estudiantil, toque de queda, pobreza extrema. Algunos dicen que solo hay dos policías, apenas dotados con chaleco antibala, mientras otros reconocen un número mayor de policiales patrullando las polvorientas calles. La policía ha realizado operativos en los que se han capturado cinco personas asociadas al microtráfico, entre otras capturas que han ayudado con el orden público, pero no es suficiente.
Los interventores sociales de la Alcaldía que van a Puerto Caldas han evidenciado directa e indirectamente esta situación. “Las pocas personas que se atreven a hablar del tema muestran miedo, aunque uno no esté viendo, porque la parte más crítica es en la noche, cuando hay enfrentamientos armados, sí se escucha que la gente se tiene que esconder porque inició una balacera. Estamos hablando de 2 o 3 metros de distancia y que es el cruce necesario por donde tiene que pasar toda persona que quiera entrar a la comunidad”, dice el funcionario.
“Yo no he visto personas armadas, pero he escuchado rumores temerosos de la comunidad diciendo que hay retenes. He escuchado entre de los funcionarios de la Alcaldía que algunos han sufrido el retén y les han prohibido el paso, que les han puesto revólver, requisa y les prohíben el paso a la comunidad”, señala la fuente.
Sin embargo, entre los puertocaldenses se asegura que, justo por la presencia de la Policía, las bandas se han visto obligadas a utilizar el río La Vieja como medio de transporte de cargamentos de armas y drogas. También hablan de otras situaciones anómalas, como el cambio de mototaxistas en el centro poblado. Algunos han tenido que irse, mientras otros estarían más que transportando personas, informando a través de radios, quién entra y sale de los barrios.
Mientras tanto, la Policía en Puerto Caldas insiste en que ha hecho allanamientos para controlar el narcomenudeo.
“Tenemos dos redes desarticuladas, tenemos varios bienes presentados por extinción de dominio, capturas importantes por homicidio. Pero es en el ámbito local, ese ámbito nos permite decir con toda precisión que lo que está pasando allá es un problema de narcomenudeo, no un problema de banda criminal”, dice el Coronel Cárdenas.
El oficial reitera que la situación no obedece a una disputa entre Bacrim (cosa que autoridades ya no niegan en otras regiones del país), pero eso contrasta con hechos y situaciones que señalan que algo está pasando en el corregimiento y que no ha sido dado a conocer a la opinión pública, buena parte de la cual cree que Puerto Caldas es un barrio de Cartago.
¿Qué impacto podría tener esta situación en Pereira?, ¿podría trasladarse a la capital risaraldense esta disputa entre bandas criminales?, ¿cómo afectará esto el accionar de Cordillera, la banda que controla el negocio de drogas ilícitas en Pereira (y que la Policía dice desde hace tiempo que está desmantelando)? Son preguntas a las que vale la pena buscarle respuestas. Y cuanto antes, mejor.
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