COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
Las políticas públicas frente al consumo de drogas no deben recurrir a sanciones penales para los consumidores, pues la criminalización de los usuarios no solo no ha mostrado beneficios de salud pública, sino que, por el contrario, ha tenido efectos contraproducentes al marginar a los consumidores y agravar sus problemas de salud.
Esa es la principal recomendación que hace la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, que ayer le entregó al Gobierno Nacional el informe 'Lineamientos para una política pública frente al consumo de drogas'.
La Comisión considera que la política frente al consumo de sustancias psicoactivas debe ser enfocada como un asunto de salud pública y debe ser respetuosa de los derechos humanos.
Así mismo, señala que las acciones de política frente al consumo de drogas deberán orientarse por las evidencias más sólidas posibles, alejándose de posturas ideológicas preconcebidas que carezcan de sustento empírico.
El informe fue entregado por el presidente de la Comisión, el profesor Daniel Mejía, al Gobierno, representado por la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que también son invitados permanentes a la Comisión, junto con el Ministro de Defensa.
Aunque ninguno de los dos ministros presentes en la entrega se pronunció oficialmente sobre el documento, la Ministra Correa aseguró al comienzo del acto de entrega que el informe "constituye un insumo de la mayor importancia para el Gobierno Nacional con el fin de establecer y revisar la política de drogas".
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