El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, planteó la posibilidad de que el Gobierno Nacional impulse un proyecto de referendo para que la ciudadanía se pronuncie sobre si está de acuerdo o no con el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
En la circular 013 del 7 de junio de este año, Ordóñez formuló al Ejecutivo una petición para que el Congreso legisle sobre las uniones entre personas del mismo sexo por considerar que hay vacíos y “graves incertidumbres”, sobre los efecto de la sentencia C-577 de 2011, en la que la Corte Constitucional señaló que desde este jueves 20 de junio, las parejas gay podrán acudir a jueces y notarios para solemnizar su unión.
De otra parte, el jefe del Ministerio Público aseguró que los jueces y notarios pueden acudir a la objeción de conciencia si consideran que formalizar estas uniones violentan su integridad moral. En todo caso no pueden aplicar la figura del matrimonio porque esta, en la Constitución, hace necesaria la condición heterosexual.
"Reconociendo el respeto debido a la autonomía e independencia de los jueces y de los notarios, el procurador general les recomendó que si estiman que al formalizar y solemnizar las uniones de personas del mismo sexo violentan su conciencia, ejerzan el derecho fundamental de la objeción de la conciencia. En este sentido también formuló un llamado a las autoridades públicas para que respeten el ejercicio de este derecho fundamental", señala la circular que fue leída este miércoles por la procuradora delegada para la familia Ilva Myriam Hoyos.
Hoyos señaló que no se trata de un problema lingüístico, porque es la misma Corte Constitucional la que hace diferencia entre "Matrimonio" (al dejar intacto que este se realiza entre un hombre y una mujer) y las "uniones maritales de hecho".
"Si la Corte de manera expresa manifiesta que ella tiene competencia para establecer un contrato que tenga las características del matrimonio, pues tampoco los jueces y los notarios y en ese sentido la competencia le corresponde al legislador", señaló.
La circular indica precisamente al Congreso que legisle sobre estos vacíos y recuerda que los jueces y notarios no pueden diseñar o imponer un contrato para que estas parejas formalicen su unión y, en todo caso, para la Procuraduría no se puede casar a las personas del mismo sexo sino solemnizar la unión.
"Aquí se van a generar muchos problemas y un caos jurídico. Son diversos los temas que se plantean: ¿se crea o no estado civil?¿Cabe o no la adopción?¿Cuáles son los requisitos para celebrar esa unión? Todo eso no está establecido y en ese sentido la Procuraduría estima que estos temas tendrán que llevar a que el Congreso asuma o una posición o que a través de un referendo se defina si cabe o no la figura que se pretende extender (matrimonio)", dijo Hoyos.
La Procuraduría también exhortó nuevamente a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que resuelva las solicitudes de nulidad y de aclaración que se han presentado sobre la Sentencia C-577 de 2011 y que todavía se encuentran pendientes.
"Esto en aras de promover la efectividad y sentido de estas solicitudes, y advirtiendo de la grave incertidumbre que se ha suscitado con motivo de que las mismas no se hayan solucionado con anterioridad al vencimiento del término establecido por esta sentencia", señaló la entidad.
Desde este jueves los procuradores judiciales podrán actuar a los procesos que en este sentido se hagan en despachos judiciales.
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