COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
En medio de la incertidumbre nacional, no es claro cuáles son los alcances de las demandas que cursan en la Corte Constitucional tanto contra el Plebiscito como contra el Acto Legislativo para la Paz que estableció una serie de procedimientos para que se pudiera implementar el Acuerdo Final alcanzado con las Farc.
Este acto legislativo ya está publicado, pero se activaba si ganaba el Sí en el Plebiscito celebrado el pasado 2 de octubre. No obstante, en la Corte cursan dos demandas: una del Centro Democrático y otra del abogado Jesús Pérez González que están en marcha.
Ahora, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte que tumbe el Acto Legislativo para la Paz, señalando que si bien no ha entrado en vigencia, podría activarse si se da otro acuerdo y otro proceso de refrendación y, con esto, dar vida a normas que considera contrarias a la Constitución.
Así, en concepto firmado por la procuradora General (e), Martha Isabel Castañeda, se pide a la Corte tumbar el ‘fast track’, que es el procedimiento exprés que había aprobado el Congreso para tramitar en menor número de debates las leyes necesarias para aprobar el acuerdo. Esto, por estimar, que afecta la rigidez y supremacía de la Constitución.
“Para esta vista fiscal resulta evidente que la norma acusa es un flagrante desconocimiento del eje axiológico descrito, toda vez que de forma transitoria permite que se expidan normas constitucionales con unos requisitos formales análogos para la expedición de leyes”, dijo la entidad.
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