
En la parte final de la audiencia pública contra los 11 funcionarios del complejo judicial de Paloquemao, implicados en corrupción, la Procuraduría solicitó la medida de aseguramiento contra cada uno de los implicados.
El abogado Héctor Escobar, defensor de Ricardo Rodríguez y su secretaria Ana Corredor, señalaron que para esos casos no se reúnen los requisitos que permitan imponer la medida de aseguramiento.
Aún está por definirse si los funcionarios son enviados a la cárcel o no.
Igualmente la procuraduría señaló que "la objetividad de los jueces se perdió, y añadió que la imparcialidad se ha afectado. Se vio como se direccionaron actuaciones judiciales hacia los jueces, por satisfacer un interés específico y no precisamente el de la administración de justicia".
A cada uno de los implicados la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción agravado, concusión, cohecho por dar u ofrecer, revelación de secreto y tráfico de influencias. De esos delitos los funcionarios acusados se declararon inocentes.
El estudiante de derecho Daniel Esteban Rey, también implicado, sí aceptó el cargo por cohecho.
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