Colprensa | LA PATRIA
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra los directivos de Hidroituango en cabeza de Empresas Públicas de Medellín (EPM), producto de la crisis desatada por el daño causado, a raíz del cierre de las compuertas de Casa de Máquinas en el proyecto.
“Hemos abierto formalmente una investigación disciplinaria contra los miembros de la junta directiva de la empresa y algunos funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La magnitud del daño generado en términos sociales, económicos y ambientales ameritaría para el Gobierno Nacional la declaratoria de la emergencia ambiental”, sostuvo el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.
Carrillo resaltó que se habla de “emergencia ambiental” por el impacto del proyecto en cuatro departamentos y 20 municipios del país, así como la afectación a más de 120.000 personas principalmente pescadores.
“Se ha afectado los derechos sociales, económicos, ambientales de las personas. Estamos hablando de un universo de más de 20.000 familias de pescadores y 35.000 pescadores. Es claro que estamos hablando de una obra que debe tener un retraso de por lo menos 3 años y un costo de recuperación de más de 2 billones de pesos”, apuntó el funcionario.
El procurador Carrillo reiteró que el propósito de la carta enviada a la Superintendencia de Sociedades es solicitar una intervención técnica para el proyecto.
“Se necesita cubrir el campo de las decisiones técnicas, corporativas y societarias que se han tomado al interior de esa empresa, siempre en la búsqueda de la trasparencia. Hay muchas dudas respecto a la integralidad a nivel de la revelación de los informes de expertos, nosotros creemos que en estos momentos se requiere de una asistencia técnica para saber dónde estamos en relación con este problema”, apuntó Carrillo.
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