COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra los directivos de Hidroituango en cabeza de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), producto de la crisis desatada tras el cierre de las compuertas en el proyecto hidroeléctrico.
“La magnitud del daño generado en términos sociales, económicos y ambientales ameritaría para el Gobierno nacional la declaratoria de emergencia ambiental”, sostuvo el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.
Carrillo resaltó que se habla de “emergencia ambiental” por el impacto del proyecto en cuatro departamentos y 20 municipios del país, así como la afectación a 120 mil personas principalmente pescadores.
“Es claro que estamos hablando de una obra que debe tener un retraso de por lo menos 3 años y un costo de recuperación de más de 2 billones de pesos”, apuntó el funcionario.
El jefe del Ministerio Público reiteró que el propósito de la carta enviada a la Superintendencia de Sociedades es solicitar una intervención técnica para el proyecto.
“Se necesita cubrir el campo de las decisiones técnicas, corporativas y societarias que se han tomado al interior de esa empresa, siempre en la búsqueda de la transparencia. Hay muchas dudas respecto a la integralidad a nivel de la revelación de los informes de expertos, nosotros creemos que en estos momentos se requiere de una asistencia técnica para saber dónde estamos en relación con este problema”, apuntó Carrillo.
Duque pasó revista
El presidente, Iván Duque, encargó ayer a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y al Instituto Humboldt el "acompañamiento" de los procesos de recuperación ambiental y ecológica del río Cauca afectado por los problemas de la central hidroeléctrica de Ituango.
"Este trabajo debe estar encaminado a proteger, garantizar y monitorear todos los aspectos ambientales. Ahí está trabajando el Instituto Humboldt, el Ministerio de Ambiente y la red de Corporaciones Autónomas Regionales", dijo Duque en su visita al Puesto de Mando Unificado del proyecto.
La hidroeléctrica de Ituango, en construcción en Antioquia, volvió el viernes por la noche a verter agua al río Cauca, el segundo más importante de Colombia, que se había secado la semana pasada por el cierre de las compuertas que regulan el caudal, ocasionando un desastre ambiental y ecológico.
Contexto
La emergencia en Hidroituango se remonta al 7 de mayo del 2018 cuando un derrumbe taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, que quedaron represadas en un embalse en construcción, dando inicio a una serie de problemas técnicos que aún persisten.
"Tenemos que tomar todas las acciones que permitan proteger la vida de las personas que habitan la zona de influencia del proyecto, proteger el ecosistema y garantizar el avance, la estabilización y conclusión del proyecto", agregó el jefe de Estado.
El Instituto Humboldt es una corporación sin ánimo de lucro adscrita al Ministerio de Medio Ambiente que se ocupa de valorar el estado de la biodiversidad en el país.
Asimismo, Duque también pidió al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) que trabaje con la Gobernación de Antioquia para examinar el daño y las "afectaciones de carácter social en comunidades en zonas de influencia del proyecto".
En cuanto a la ANLA, el presidente dijo que tiene la responsabilidad de "garantizar el cumplimiento del licenciamiento ambiental" y que para tal efecto esta agencia ya ha desarrollado "12 investigaciones: 10 antes de la situación de emergencia y 2 adicionales" que se presentaron tras la alerta nacional.
Posteriormente, el presidente colombiano viajó al municipio de Tarazá para reunirse con las comunidades afectadas por el desastre medioambiental y escuchar su situación.
Según Empresas Públicas de Medellín (EPM), accionista mayoritaria de Hidroituango, tras la apertura de las compuertas efectuada el viernes, el caudal del vertedero de la presa está en aumento y en la tarde de ayer se hacía a 406,1 metros cúbicos por segundo.
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