Son tres los escándalos por los cuales el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció una investigación formal contra del director general de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino.
La comunidad del anillo
Este caso se relaciona con la supuesta existencia de una red de prostitución homosexual dentro de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá.
Los primeros indicios se conocieron en el 2006 con la muerte de la Alférez Lina María Zapata, quien fue hallada muerta el 25 de enero de ese año.
Inicialmente se dijo que se trataba de un suicidio, pero las investigaciones indican que no fue así, sino que la escena del crimen fue alterada. Versiones de los familiares de Zapata dicen que se puede tratar de un homicidio después de descubrir cómo funcionaba esta red de prostitución.
En noviembre del 2015 fueron citados por la Fiscalía a interrogatorios Wílmer Torres Orjuela, comandante de la Compañía Francisco José de Caldas, sindicado de ser el enlace entre los aspirantes a cadetes y el coronel (r) Jerson Castellanos Soto, ex Jefe de Seguridad del Congreso de la República y Gobernador encargado del departamento de Casanare, quien habría orquestado esta comunidad.
El coronel Castellanos ya estaba siendo investigado por este proceso y este martes se anunció el inicio del proceso contra el mayor Wilmar Torres. Esto después que el Alférez ratificara su testimonio en el que aseguraron que les ofrecieron dinero por mantener relaciones sexuales con superiores e, incluso, congresistas.
El capitán Edwin Orjuela superior de estos Alféces fu llamado a declarar, él fue el primero en denunciar las salidas irregulares de sus subalternos de la Escuela de Policía.
El exsenador por el Partido de La U y exviceministro del Interior, Carlos Ferro, es otro de los implicados en este caso, después que se conociera un vídeo en el que sostiene una conversación con el capitán Ányelo Palacios en la que hablarían de la comunidad.
Interceptaciones ilegales a periodistas
La Fiscalía General de la Nación inició el pasado 4 de febrero las investigaciones por las presuntas interceptaciones ilegales a periodistas, desde la Policía. Este investigación se inició por las interceptaciones a las que fueron sometidos los periodistas Daniel Coronell, Claudia Morales y Vicky Dávila, por sus denuncias realizadas frente a constantes irregularidades dentro de la Policía Nacional, las cuales incluyen la ‘Comunidad del anillo’, las irregularidades en los ascensos dentro de la institución; y el recientemente denunciado ‘Carrusel de reintegros’.
El ente acusador estudia dos hipótesis frente a estos hechos: La primera apuntaría a que los responsables de las interceptaciones ilegales serían personas vinculadas con las irregularidades denunciadas por los periodistas víctimas de seguimientos.
Como segunda línea de investigación, el ente acusador busca determinar si puede existir al interior de la Policía personas que quieran aprovechar estas circunstancias para empañar el buen nombre del general Palomino y de altos oficiales.
La semana pasada el periodista Miller Rubio asistió a las instalaciones del búnker de la Fiscalía, según se ha establecido en calidad de testigo. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha revelado cuál es la relación del comunicador con la supuestas ‘chuzadas’.
Adicionalmente, en este proceso integrantes del CTI de la Fiscalía realizaron un peritaje a un vehículo Audi de placas CES-867 desde el cual, según indica la investigación, se realizaron los seguimientos ilegales a la directora de La FM, Vicky Dávila, no obstante los investigadores no lograron encontrar nuevos indicios tras realizar la inspección.
Incremento en su patrimonio
El columnista Daniel Coronell reveló algunas de las propiedades de finca raíz que el oficial tiene en los municipios de Fusagasugá y Sopó en Cundinamarca.
Se trata de dos lotes de mil metros cada uno ubicados en el Conjunto Pedregal de San Ángel en Fusagasugá los cuales compró en abril de 2008, a 39 millones 700 mil pesos; cada uno, y un lote en Sopó de 3.047 metros por valor de 200 millones de pesos, valores mucho menores que el avalúo actual de las propiedades.
Palomino aseguró que los dos lotes adquiridos en el Conjunto Pedregal de San Ángel en Fusagasugá, de 1.000 metros cuadrados cada uno, le costaron $79.400.000 y los pagó con dinero proveniente de las cesantías. Estos predios eran del coronel Jerson Jaír Castellanos, que, según señala la columna, sería el líder de la 'comunidad del anillo’.
El general Palomino habla también del lote de 3.047 metros, adquirido en una zona rural de Sopó (Cundinamarca), por valor de 200 millones de pesos, que compró con ahorros familiares y utilidades que le deja la inversión que hizo en una empresa de transporte.
Lo curioso de esa compra es que ocho meses atrás un predio en el mismo conjunto fue adquirido por el coronel Flavio Mesa, y este tuvo que pagar casi el doble del valor por metro cuadrado ($ 615.000.000) que pagó el general Palomino.
Creación de comisión
Luego de los escándalos presentados en la Policía Nacional, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, dispuso en diciembre de 2015 la creación de una comisión encargada de investigar lo que viene sucediendo al interior de dicha institución, y le fijó un plazo de 90 días para la entrega de resultados.
De este grupo hacen parte los exministros de Defensa Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez, así como Jorge Hernán Cárdenas, un consultor que conoce a fondo la Policía. Mientras la ministra de presidencia, María Lorena Gutiérrez es la secretaria de la comisión.
Por el momento no han presentado un informe de la situación que atraviesa la Policía.
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