COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio en contra del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, por el delito de concusión, por la supuesta petición de 500 millones de pesos para favorecer a Fidupetrol con el trámite de una tutela.
Esto, al negar la petición de nulidad que presentó la defensa del magistrado alegando supuestas irregularidades y vicios en el trámite que se cursó en el Congreso de la República, donde Pretelt fue acusado.
La Corte ordenó de oficio los testimonios del abogado Víctor Pacheco; del presidente de Fidupetrol, Herbert Otero; del exmagistrado de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo y del abogado Rodrigo Escobar Gil.
Igualmente, decretó los testimonios de Manuel Guillermo Caballero y del abogado Fernando Mendoza y solicitó varias pruebas documentales como expedientes y entrevistas hechas en medios de comunicación.
La Sala Penal además negó el testimonio del propio Jorge Pretelt, pues ya de oficio se hará una ampliación de indagatoria, así como el testimonio de la excontralora General Sandra Morelli, de la exsecretaria de la Corte Constitucional Martha Sáchica, entre otros.
Asimismo, negó una petición que se había interpuesto para que se hiciera un cara a cara entre Pretelt y Pacheco, sobre la supuesta petición y entrega de dinero por ser una prueba subsidiaria que se puede suplir de otra manera.
Las razones para negar la nulidad
La Corte Suprema de Justicia ratificó que sí es competente para estudiar el caso y que no hay motivo alguno para anular el juicio, pues no hubo vicios en el reparto del proceso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y al estimar que cualquiera de sus integrantes, incluido su presidente, Julián Bedoya, podía hacer la instrucción del caso.
El magistrado ponente José Francisco Acuña señaló que no hay méritos para considerar que el escrito de acusación que hizo el Congreso es inválido, pues el mismo cumple con los requisitos legales
Para la Sala, no hubo vicio en la Cámara de Representantes cuando se votó el informe que presentó Bedoya para la acusación de Pretelt.
Acuña además aseguró que no hubo irregularidades cuando se dio trámite a los impedimentos y recusaciones presentados por la defensa de Pretelt en contra de algunos congresistas, pues el solo desacuerdo con la decisión no afecta la garantía del derecho a tener un juez imparcial.
Para la Sala Penal, tampoco hubo falta de pruebas pues se solicitaron inspecciones al expediente de la Fiscalía sobre el caso Fidupetrol, en información que fue aportada tanto para Bedoya como para la defensa, pero de manera tardía.
Seguirá libre
El exmagistrado enfrentará el juicio en su contra en libertad. Esto, luego que la Corte Suprema de Justicia se abstuviera de dictarle medida de aseguramiento en su contra, al estimar que no es un peligro contra la sociedad y que su libertad no afecta el transcurso del proceso.
La Sala Penal le hizo suscribir un acta de compromiso para asistir a todas las sesiones del juicio y deberá pedir permiso si desea salir del país.
El abogado de Pretelt, Abelardo de la Espriella, manifestó su agrado con la decisión de no enviar a la cárcel a Pretelt.
"Nos sentimos satisfechos con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el señor exmagistrado podrá defenderse en libertad. Es una excepción de la Corte porque por lo general termina con aseguramiento de los procesados", dijo.
De La Espriella dijo que se realizará en octubre, cuando empiece el juicio, un debate probatorio tendiente a demostrar la inocencia de Pretelt y para ratificar que nunca pidió ni recibió soborno alguno.
"Estamos tranquilos porque la Corte Suprema es sin duda una institución que nos está brindando todas las garantías que tiene la Constitución", dijo.
Destacado
Tras terminar el juicio, la Sala Penal tendrá que decidir si declara culpable o inocente a Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, tras escuchar todos los testimonios y revisar las pruebas del caso, recopiladas por ese tribunal y las aportadas por el propio Pretelt, en el marco de un proceso por Ley 600.
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