COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, pidió ayer que se desvincule al fiscal de ese organismo detenido el viernes cuando, al parecer, recibía un soborno para incidir en el expediente contra Jesús Santrich, pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.
La magistrada realizó la solicitud en una misiva enviada al director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), Giovanni Álvarez Santoyo, después de la detención de Carlos Bermeo.
Bermeo, fiscal de apoyo de la UIA, fue detenido el viernes junto a otras cuatro personas cuando recibían 500 mil dólares en un hotel en Bogotá para supuestamente incidir en el caso de Santrich.
El líder de la antigua guerrilla de las Farc y que fue miembro del equipo negociador del acuerdo con el Gobierno, fue detenido en Bogotá el 9 de abril a pedido de la Justicia de Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico después de la firma de la paz.
Tras la polémica generada por el soborno que quedó grabado en video, la JEP señaló en su momento que la UIA no tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición y que, en consecuencia, no tiene nada que ver en el proceso de Santrich.
Linares pidió ayer a Álvarez que además realice una "revisión exhaustiva y detallada de las hojas de vida y los perfiles de sus directos colaboradores" con el fin de comprobar la calidad ética y moral de los funcionarios.
La presidenta de la JEP, quien calificó como "indignante" el hecho, afirmó que con esto se podrá "reconstruir la confianza necesaria entre la magistratura y su componente de investigación", pues, dice, esta se vio afectada.
La Fiscalía reveló ayer dos nuevos videos en los que se observa como se hace la entrega del dinero en medio del presunto caso de corrupción que se suscitó para interferir en el proceso de extradición de Santrich.
Los nuevos videos muestran el momento en que son capturados Yamit Prieto y Luis Orlando Villamizar, tras recibir un pago de 460 mil dólares. Otros 40 mil dólares habrían sido recibidos por Bermeo.
Audiencia accidentada
En la madrugada de ayer finalizó la primera parte de la audiencia en contra de los capturados. La diligencia se inició en la Clínica Colombia y posteriormente se trasladó hasta los juzgados de Paloquemao. Fue accidentada debido a las complicaciones de salud que presentó Luis Alberto Gil, el político santandereano que pagó condena por nexos con paramilitares. Una insuficiencia cardíaca obligó su traslado hasta la Clínica Colombia en la tarde del sábado.
Debido a que el tiempo para legalizar la captura estaba sobre el límite se decidió trasladar el despacho del juez hasta el centro asistencial para iniciar la audiencia en contra de Gil y los demás detenidos.
Sin embargo, los médicos tratantes del político de Opción Ciudadana señalaron que sus condiciones no eran las mejores por lo que se acordó que en la diligencia lo representaría su abogado defensor.
Así las cosas, Bermeo, Prieto Acero, Villamizar y Solarte fueron remitidos de nuevo al complejo judicial de Paloquemao para el inicio de la diligencia citada por la Fiscalía en la que les imputarán cargos por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y concierto para delinquir.
Tras la imputación de cargos, que se realizará hoy, se prevé que la Fiscalía solicite la medida de aseguramiento en contra de los detenidos.
La Justicia Especial para la Paz se creó tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc en noviembre del 2016, tiene como función principal juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado del país y está considerada como la columna vertebral del acuerdo de paz firmado por la antigua guerrilla.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha instado al presidente de Colombia, Iván Duque, a que sancione la ley estatutaria pues considera que es importante que "la JEP tenga un marco legal definido". Hasta el 11 de marzo tiene plazo Duque para sancionarla.
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