Por combates se desplazan tres mil personas en el Chocó

El Colombiano | LA PATRIA | Medellín

La disputa por el territorio y las rentas ilícitas de los grupos armados ilegales generó en menos de un mes un nuevo desplazamiento masivo de comunidades indígenas y afro: 3.058 personas -725 familias- abandonaron su territorio por combates entre el Eln y la Fuerza Pública.

La denuncia, realizada por la Defensoría del Pueblo, también registra el confinamiento de 1.133 personas que conforman 216 familias. Según la entidad, ambos fenómenos de violencia se registraron en el Litoral de San Juan, Chocó.

Mauricio Redondo, delegado para la población desplazada de la Defensoría del Pueblo, cuenta que el problema no solo se centra en el desplazamiento y el confinamiento, las afectaciones incluyen restricción a la movilidad, razón por la que estas comunidades no pueden realizar rutinas como recolectar, cazar o pescar.

“Hay afectaciones también en la salud en temas como los sicosocial que han impactado a niños y mayores de edad de comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes”, expresa Redondo.

El líder comunitario del municipio chocoano y exalcalde del Litoral San Juan, Oscar Rosero, asevera que la situación se ha tornado tan complicada que algunos desplazados se trasladaron a Buenaventura y otros siguen confinados en lo más adentro del río San Juan Alto.

Amenazas en otras zonas

Las afectaciones en las 16 veredas comenzaron desde hace dos meses. La situación se agravó por la presencia de grupos armados ilegales en un corredor de movilidad que une a la parte baja y media del Chocó con el litoral.

Pero no solo esta zona se ha visto afectada por la acción de los grupos armados. En el municipio de Riosucio, en territorio del resguardo indígena Salaquí-Truandó, los integrantes de grupos paramilitares, como llaman en la zona a integrantes de bandas criminales, se enfrentaron a las 10:00 a.m. del pasado viernes con guerrilleros en el territorio Embera-Katío, frente al cementerio.

El senador Luis Andrade hizo la denuncia y explicó que los paramilitares ingresaron hasta la población y la ultrajaron.

“Alrededor de 800 integrantes de estos grupos se tomaron la comunidad con tono amenazante, requisando las casas, tomaron cosas como los computadores, y amenazaron a las personas porque las acusan de que tenían información de la guerrilla y no se la habían hecho saber”, explica el congresista.

La información entregada por el senador Andrade fue confirmada por el secretario de Gobierno de Riosucio, José Ángel Palomeque. El funcionario cuenta que los habitantes de la comunidad Villanueva-Tamboral le confirmó que los integrantes de los grupos paramilitares sí ultrajaron a las comunidades.

ONIC denuncia presencia de ilegales

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que cerca de 300 integrantes del Clan Úsuga, hicieron presencia en los alrededores de la comunidad indígena de Isleta, resguardo indígena Salaquí, Pavarandó, en el municipio de Riosucio (Chocó) La ONIC teme que cerca de 650 habitantes de la comunidad de Emberá Katío se desplacen por los combates.