Por $500 mil y un lote mataron a los niños

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Un juez de control de garantías de Florencia, Caquetá, dictó medida de aseguramiento en contra de los dos detenidos por supuestamente participar en el crimen de cuatro niños en ese departamento, Cristopher Chávez Cuéllar y Edison Vega.

El juez determinó que los dos hombres constituyen un peligro para la comunidad, por lo que es necesaria su detención preventiva mientras se adelanta el juicio en su contra.

En todo caso, la Fiscalía requirió al Inpec protección especial para Chávez Cuéllar. En cuanto a Vega, este fue enviado a los calabozos del CTI por petición del ente acusador.

Ni Chávez ni Vega aceptaron cargos que le imputó la Fiscalía de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y homicidio agravado en la modalidad de tentativa en audiencia pública.

De acuerdo con las autoridades, a los sicarios les pagaron 500 mil pesos para cometer el crimen de los hermanos Deinner, Laura Jimena, Juliana y Samuel Vanegas Grimaldo, asesinados en su casa en la vereda Las Brisas de Florencia, Caquetá, el pasado 4 de febrero.

Toda esta tragedia se desencadenó, según la Fiscalía, por una disputa de un terreno de 400 metros cuadrados en la capital caqueteña. Además, hay una venganza por motivos personales, ya que de tiempo atrás habrían existido agresiones personales mutuas entre las dos familias”, dijo en rueda de prensa este domingo el fiscal General, Luis Eduardo Montealegre.

Pruebas

En los operativos, la Policía encontró enterrada en una de las viviendas de los capturados, la moto en la que se transportaban los dos hombres, así como un computador que habrían robado a la familia la noche de los hechos.

Montealegre reveló que se expidieron tres órdenes de captura más en contra de otros presuntos involucrados en los hechos. "Tenemos la certeza de cómo ocurrieron estos hechos, de cómo fue el modus operandi, de qué personas participaron, porque además de las pruebas practicadas por Fiscalía y Policía se logró una confesión de una de las cinco personas que participó del crimen", indicó Montealegre.

De los tres que faltan por ser detenidos una mujer sería la autora material de los hechos y los otros dos habrían participado en la planeación del asesinato.

En cuanto a Cristopher Chávez Cuellar, de 42 años, conocido con el alias de el Desalmado, se informó que residía en compañía de su compañera permanente y tres hijastros, quienes quedaron a disposición del ICBF para el restablecimiento de sus derechos.

Este hombre tiene un antecedente penal por homicidio, pues un juzgado lo condenó a 10 años de prisión por los delitos de violación de una mujer a quien luego asesinó y posteriormente desapareció. Esta situación llevó a que el propio fiscal Luis Eduardo Montealegre cuestionara que en Colombia está fallando la política criminal.

“Las penas privativas de la libertad y su ejecución en Colombia no muestran ni cumplen el verdadero fin de resocialización. Se supone que teóricamente uno los bienes privativos de la libertad es la resocialización, pero casos como estos muestran definitivamente un fracaso de la política criminal en Colombia”, aseguró el Fiscal General.

En cuanto al otro detenido, Edison Vega, de 27 años, se conoció que no registra antecedentes penales. Sin embargo, el fiscal Eduardo Montealegre, aseguró que estos hombres podrían pagar una pena de hasta 50 años de prisión.

Palomino abre el debate sobre la pena de muerte

Al presentar los resultados de los operativos que permitieron la captura de los presuntos responsables del crimen de los cuatro menores en Caquetá, el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, propuso abrir el debate sobre la pena de muerte contra quienes incurran en delitos contra menores de edad. Y es que según el director de la Policía las personas que incurran en estas faltas deben recibir el mayor castigo de la ley. Frente a esta inesperada sugerencia, diversos sectores políticos no se hicieron esperar y manifestaron su posición. La representante a la Camara Ángela María Robledo, del Partido Verde, dijo que este planteamiento viola la Constitución Política. "La pena de muerte no existe aquí, en Colombia, lo que hay que hacer es cumplir el Código de Infancia y Adolescencia", aclaró.

Robledo, agregó que antes que hacer esas declaraciones se debe garantizar que las instituciones cumplan con su función ya que la problemática de los niños y niñas va desde muertes por desnutrición hasta la desafortunada tragedia de Caquetá. Por otro lado la representante María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, aseguró que no es coherente esta afirmación del general Palomino cuando existen varias violaciones a los derechos de los niños por parte de las Farc y otro grupos armados ilegales. Cabal también indicó que con el sistema de justicia en este país es insostenible una propuesta como la que lanzó el director de la Policía Nacional.