Plenaria del Senado debatió sobre minería ilegal

Senadores y Gobierno Nacional desarrollaron en la noche de ayer, en la plenaria un debate de control político sobre la situación de la minería ilegal en el país, y la forma en que está afectando el ecosistema colombiano, como también de la situación de los campesinos.

El senador del Partido Verde Iván Name aseguró que, según información del Ministerio de Agricultura, más de cinco millones de campesinos están en riesgo con el desarrollo minero, por lo que el país debe asegurar la soberanía alimentaria, tras indicar que debe haber una legislación que permita revisar todos los títulos mineros, ya que cerca del 63 por ciento están secuestrados por estructuras mafiosas, es decir, cerca de 4 o 6 millones de hectáreas.

A su turno, el senador Jorge Eduardo Londoño sostuvo que la deficiencia en infraestructura minera nacional es crítica y preocupante y que no existe una articulación entre las entidades del sector. "La minería es necesaria, pero pedimos que la actividad que se hace o se realice sea vigilada y regulada por el Estado desde el marco del desarrollo sostenible", dijo.

El senador Félix Valera, también del Partido Verde y otro citante, aseguró que "el 50 por ciento del terreno del departamento del Cesar está solicitado para la explotación minera a cielo abierto, y esto provoca impactos ambientales, pérdidas de las fuentes hídricas y afectación a los ecosistemas".

John Sudarsky (senador del Partido Verde) alertó que la mayoría de títulos mineros del país no tienen licencia ambiental y que el 72 por ciento de las minas de oro no pagan regalías. También advirtió que el contrabando de mercurio es enorme por la explotación de oro existente.

Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que lo que ocurre en la actualidad es la aparición de "la minería criminal", que destruye el medio Ambiente en todo el territorio nacional, aumenta su depredación y la destrucción de la flora y la fauna.

"Desde 2009 y 2010 esa actividad es la nueva fuente de financiación para Farc, ELN y las bandas criminales, que tiene comunidades involucradas y que apoya todos los grupos terroristas", recalcó.

Pinzón indicó que el Gobierno está enfrentando esta situación con decretos que autorizan destruir toda la maquinaria que se compruebe está siendo utilizada para esa actividad y limitar el transporte libre de esas máquinas.

El ministro de Minas, Federico Rengifo, reiteró que las medidas coercitivas del Estado serán aplicadas a los delincuentes que se aprovechan de la minería ilegal, pero no son para quienes están en proceso de formalización ni para los mineros informales y tradicionales.

Entre tanto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, reconoció que el enemigo número uno del país es "la minería criminal", tras indicar que el Gobierno aporta trabajo en regulaciones con el mercurio y con las multas para quienes atentan contra los recursos naturales. Sin embargo, reconoció que si es necesario fortalecer la regulación en el tema minero, el Ejecutivo está dispuesto a desplegar acciones para mejorar toda esa materia.