Piden seguridad para reclamantes de tierras y ampliar la ley de víctimas

 A cinco años de la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, organizaciones de la sociedad civil tienen claro que no solo el proceso va demasiado lento, especialmente hablando de territorios étnicos, sino que el despojo continúa, así como el desplazamiento forzado.

Para el Cinep, Indepaz, Dejusticia, Codhes y varias comunidades étnicas es urgente que se brinden medidas de protección para los reclamantes de tierras, debido a las amenazas y casos de muertes existentes, así como para los funcionarios estatales que participan en el proceso de restitución y de los jueces y magistrados de restitución.

Incluso, revelaron que las amenazas que se están presentando en comunidades en el Chocó buscan crear un desplazamiento ‘gota a gota’. De acuerdo con Sara Vourensola, de la Fundación Luterana Mundial, con esta forma se busca consolidar un nuevo despojo.

En ese sentido, se solicitó al Gobierno Nacional que reactivé la Mesa Nacional de Garantías así como de implementar de manera prioritaria e inmediata el ‘Sistema Integral de Seguridad’ del Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc, que incluye medidas para la garantía de seguridad para los movimientos y organizaciones sociales.

El investigador del Cinep, Juan Pablo Guerrero, señaló que es menester “ampliar el plazo de 10 años de aplicación de la Ley 1448 para garantizar que se respete el derecho de todos los reclamantes de tierras a la restitución”.

Esto, ya que la ley va hasta el 2021, faltan 5 años, y los avances son escasos, más para los territorios étnicos, si se tiene en cuenta que hay 61 procesos, que involucran reclamaciones indígenas y afros, de los cuales 32 están en fase administrativa, 24 en demanda y apenas hay cuatro sentencias que representan el 64 % del total de las hectáreas restituidas con 193.407.

La idea es proponer un diálogo nacional que permita ampliar la vigencia de la ley para garantizar en efecto la reparación integral, la existencia de programas de desarrollo rural con énfasis en proyectos productivos e igualmente componentes de asistencia técnica, comercialización y asociación, acceso a créditos y a servicios de infraestructura básica (vías, acceso a agua potable, energía eléctrica, entre otros).

“También es preciso que la articulación incluya los programas establecidos en el Acuerdo de Paz que serán implementados en los territorios, específicamente el fondo de tierras, el plan de zonificación ambiental o los planes de desarrollo con enfoque territorial étnico - establecidos en el punto 1 del Acuerdo de Paz”, dijo Guerrero.

Yamile Salinas, de Indepaz, explicó que estas cuatro sentencias que involucran comunidades étnicas tienen que ver con el Resguardo Alto Andagueda, de la etnia Embera Katío en Bagadó, Chocó; del Consejo Comunitario Renacer Negro en Timbiquí, Cauca; del Resguardo Dóvida Dogibi en Ungía, Chocó, y de la Comunidad Nueo Espinal de la comunidad Wayúu en Barrancas, La Guajira.

Salinas explicó que la existencia de fallas estructurales no permite el avance de los procesos que están en curso y que la falta de formalización de los territorios étnicos es causa de que en un mismo territorio existan segundos y terceros ocupantes de buena fe exenta de culpa y de mala fe.

“El despojo no es un fenómeno del pasado”, dice Salinas, al indicar que si bien ya no es masivo, sí continúa gracias a los intereses de megaproyectos de origen legal en los territorios colectivos étnicos. En ese sentido, se cuestionaron supuestas incongruencias políticas con los fines de la restitución como los Proyectos Estratégicos de Interés Nacional, Pines, y destacaron fallos de la Corte que tumbaron, entre otros, las Áreas Estratégicas Mineras.

Igualmente, se destacó sobre las alianzas entre grupos ilegales y empresas, señalando directamente a Chiquita Brands y los palmicultores del Bajo Atrato; así como el bajo avance de las investigaciones que se deben originar por la compulsa de copias realizadas por magistrados de Justicia y Pez de la jurisdicción Civil en contra de al menos 15 empresas.

En ese sentido, para las organizaciones, la Jurisdicción Especial para la Paz podría ser una oportunidad sobre las responsabilidades de terceros en estos casos.

Entre las recomendaciones esbozadas está garantizar el cumplimiento del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, sobre el impacto diferenciado del desplazamiento forzado en las mujeres; así como el Auto 098 de 2013, sobre la protección de las mujeres líderes de comunidades desplazadas.

Igualmente, que se cree una ruta para mujeres con enfoque diferencial étnico, que se lleven a cabo las investigaciones efectivas e imparciales sobre los abusos y violaciones de derechos humanos, incluidos los cometidos contra reclamantes de tierras y defensores de los derechos humanos.

Asimismo, consideran que se deben “emprender acciones enérgicas para hacer frente a los grupos paramilitares de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU e investigar y procesar a las personas que, desde los ámbitos empresarial y político, hayan actuado o sigan actuando en connivencia con grupos paramilitares para cometer violaciones de derechos humanos”.

El llamado al Gobierno Nacional también incluye que se respete el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Demoras

Entre los casos reseñados se destaca el del Resguardo de Tahami del Alto Andagueda de la comunidad Embera en el Chocó, en donde el Tribunal Superior de Antioquia ya dictó sentencia en 2014 (la primera por pueblos étnicos), que todavía está en proceso de cumplimiento.

“Después de 2 años, 2 meses y 13 días de la expedición de esta sentencia, podemos afirmar que no existen avances significativos en el cumplimiento de las órdenes emitidas por el juez de restitución de tierras; de 33 órdenes expedidas en la sentencia solo se ha avanzado en tres órdenes específicas”, indicaron.

Entre las dificultades está la falta de reconocimiento del enfoque étnico y la incorporación de los mismos a las instituciones, para que a su vez este sea utilizado por la Unidad de Tierras en las demandas ante los jueces.