Periodistas denuncian estigmatización del Ejército

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Ejército de Colombia creó en Twitter una lista de usuarios a los que denominó "oposición", entre ellos periodistas que investigan supuestos hechos de corrupción en el Gobierno, según denunció ayer un grupo de comunicadores.

La polémica estalló tras una publicación de Cuestión Pública, un medio de comunicación independiente de reporteros de investigación, que alertó sobre la inclusión de su cuenta y la de otros comunicadores en el grupo y exigió "respuestas ante esta agresión que nos pone en riesgo".

Cuestión Pública dijo que fue incluido en el listado después de publicar una serie de trinos en los que explicaba la denuncia que hizo Fabián Díaz Plata, del partido Alianza Verde, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en contra del presidente colombiano, Iván Duque, y del expresidente Álvaro Uribe, por supuesta compra de votos en la campaña electoral del 2018.

La trama involucra al fallecido ganadero José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe, a una asesora legislativa de Uribe y también salpica al Ejército colombiano.

Hernández, que era investigado por narcotráfico y testaferrato, fue asesinado en junio del año pasado en Uberaba (Brasil) en un asalto para robarle un reloj Rolex, y su nombre salió a flote la semana pasada con la publicación de unas grabaciones en las que se jacta de su amistad con Duque y de comprar votos para ayudarle a ganar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Los de la “oposición”

En la lista, que incluía 33 cuentas, estaban la agencia de comunicación Colombia Informa, la agencia Prensa Rural, Contagio Radio, y los periodistas Salud Hernández, Ignacio Gómez, Vicky Dávila, Ariel Ávila y Gustavo Gómez.

Además, el Ejército incluyó la cuenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional creada tras el acuerdo de paz con las Farc; al director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; y los desmovilizados de las Farc, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, la congresista Aída Avella y Pastor Alape.

Al reclamo de Cuestión Pública, se unieron proyectos periodísticos como Colombia 2020, que pidió que no se estigmatice a los medios de comunicación que trabajan, por ejemplo, haciendo coberturas sobre paz y reconciliación.

Además, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su preocupación por la lista y le recordó al Ejército que la Constitución colombiana en su artículo 219 establece que la fuerza pública no podrá “intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.

En redes sociales, quienes fueron incluidos en la lista del Ejército, cuestionaron a la institución y aseguraron que sus obligaciones corresponden al Estado y no al Gobierno.

“Que una cuenta en redes del Ejército elabore lista de opositores con cuentas y nombres de periodistas es una muestra clara de que, en ocasiones como esta, a ‘Inteligencia Militar’ le sobra una palabra. Pavoroso, ofensivo y peligroso. Que dirá Iván Duque, comandante en jefe…”, escribió en Twitter Gustavo Gómez.

La periodista Dávila preguntó en esa misma red social: “¿El Ejército puede calificar a un grupo de periodistas como de oposición? ¿Qué significa eso?”.

Ávila, subdirector del Centro de Pensamiento sobre el Conflicto Armado Paz y Reconciliación, catalogó la situación como “lamentable” y dijo que “atenta contra la democracia”.

El Ejército responde

El Ejército reconoció a través de un comunicado que la “denominación que se destinó al grupo de monitoreo fue un desacierto y una falta de criterio absoluto de quien administra la herramienta”.

El Ejército aceptó que se trataba de un grupo de monitoreo y que decidió eliminar la lista por respeto a las personas y las cuentas de las entidades y organizaciones asociadas.

“La lista fue creada como una herramienta en la red social Twitter para el monitoreo de las menciones o etiquetas de la cuenta sobre temas relacionados con el Ejército Nacional, cualquiera que estos sean”, explicó.

En ese sentido, el Ejército aclaró que esa herramienta solo les permitía informarse “sobre contenidos que ya son públicos” y que “ordenó iniciar la indagación disciplinaria correspondiente en aras de determinar responsabilidades”.

Por el momento, el administrador de la cuenta fue relevado de sus funciones como administrador de las redes sociales de la institución.

A pesar de la explicación, la FLIP aseguró que continuará con la documentación de esta situación para verificar que no existan otro tipo de irregularidades que puedan afectar la labor de la prensa.