Otro rifirrafe entre el Gobierno y la JEP

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

De “improcedente” calificó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la petición que el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, le hizo a ese tribunal para que fueran los magistrados los que evaluaran la posibilidad de excluir a 724 excombatientes de las Farc que no habían podido ser acreditados por esa oficina.

La respuesta se originó a una solicitud que la semana pasada el funcionario le hizo a la JEP en la que aseguraba que no se pudo completar el proceso de inclusión de ese número de exguerrilleros o bien por desconocerse su ubicación actual o por no contar con la información necesaria. Esos desmovilizados perderían los beneficios del acuerdo de paz firmado en 2016.

El requerimiento de Ceballos Arévalo lo hizo basado en lo dispuesto por la Corte Constitucional, puntualmente en la sentencia C-080 de agosto de 2018 que hacía referencia a la Ley Estatutaria de la JEP y que en un artículo, según el comisionado, la potestad de la exclusión recaía sobre el tribunal de justicia transicional.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, en una carta de seis páginas le explica las razones por las cuales esa responsabilidad es de la dependencia que dirige Ceballos. “La competencia de la JEP se ejercerá sobre personas incluidas en los listados aportados para el efecto por la exguerrilla y cuya pertenencia a la misma sea aportada por la Oficina del Comisionado de Paz”, señala un párrafo de la misiva.

Linares le recuerda que lo que sí es potestad de la JEP, particularmente de la Sala de Amnistía, es incorporar excepcionalmente a los listados personas que por fuerza mayor no hubieran sido incluidos en los listados acreditados por el Gobierno.

Y más adelante le dice que “no puede accederse a lo solicitado por usted en el sentido de que la JEP, a través de la Sala de Amnistía, sea la que determine la exclusión o no de los listados remitidos por su oficina de una determinada persona. Esa función, le reitero, es de competencia exclusiva de la Oficina del Comisionado de Paz”.

Respaldando su argumento, la magistrada Linares le enfatiza a Ceballos Arévalo que la inclusión en los listados y la correspondiente acreditación es una función administrativa y privativa a cargo de la oficina que él dirige y que la Corte Constitucional no delegó esa responsabilidad en el tribunal de paz.

Finaliza la misiva con un ofrecimiento a Ceballos Arévalo para analizar temas de carácter jurídico que sirvan para concluir los procedimientos de acreditación que aún están pendientes.

El penúltimo encontrón entre el Gobierno y la JEP fue por la libertad de Jesús Santrich.

Consejo Nacional de Paz sesionó por primera vez

Con la presencia del presidente de la República, Iván Duque, ayer sesionó la primera plenaria del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia del 2019. Allí se habló de las condiciones por las que atraviesa la implementación del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc y se hizo énfasis en las condiciones de seguridad. El mandatario anunció un paquete de medidas para la protección de los 11 mil desmovilizados que se encuentran en el proceso de reincorporación, pues desde la firma del acuerdo en diciembre del 2016 al 18 de junio del 2019 se registran 115 homicidios de excombatientes.