Antes de que se venciera el plazo de 48 horas que le había dado la Corte Constitucional, en un fallo de tutela, para rectificar su posición frente al aborto y la píldora del día después, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, acató la orden del alto tribunal.
Ayer, a las 12:25 de la tarde, en el salón Antonio Nariño del cuarto piso de la sede del ente de control, atiborrado de periodistas y funcionarios, Ordóñez Maldonado informó al país que dio pleno cumplimiento a las órdenes de la sentencia T-627 de agosto 10 de 2012, proferida por la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional.
El jefe del Ministerio Público explicó que ese acatamiento se dio en los siguientes términos: en la mañana de ayer dio instrucción a la Oficina de Prensa de la entidad para que publicara el comunicado con el que se satisfacen las órdenes impartidas en los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de tutela.
“Esto es, cambiar la expresión ‘campañas masivas de promoción del aborto como derecho’, contenida en el comunicado de prensa del 21 de octubre de 2009, por ‘campañas masivas de promisión de los derechos sexuales y reproductivos’, dijo el Procurador.
Añadió que en ese comunicado también se indicó la posición oficial que, según la Sala Octava de Revisión de la Corte, debe tener la Procuraduría sobre la llamada anticoncepción de emergencia: “En Colombia, la anticoncepción oral de emergencia no tiene carácter abortivo sino anticonceptivo, su uso no está restringido a las hipótesis despenalizadas de aborto, las mujeres que hacen uso de ella fuera de las causales despenalizadas de aborto no incurren, en ningún caso, en el delito de aborto y hace parte de los servicios de salud reproductiva que las mujeres colombianas pueden libremente elegir”.
“Así mismo, he expedido en el día de hoy la resolución 308, por medio de la cual revoqué en su integridad la circular 29 de 2010 y el numeral octavo de la primera directriz de la circular 021 de 2011”, en acatamiento a los numerales sexto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia de tutela que lo obligó a rectificar.
Tras demostrar que había cumplido en su totalidad la orden impartida por la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, anunció que ratificó en sus respectivos cargos a las procuradoras delegadas Ilva Myriam Hoyos Castañeada y María Eugenia Carreño Gómez.
De otro lado, Ordóñez anunció que hoy presentará ante la Sala Plena de la Corte Constitucional un incidente de nulidad para que invalide la sentencia de la Sala Octava de Revisión de ese tribunal “por encontrar graves deficiencias e inconsistencias en su contenido”.
Que resuelvan
El jefe del Ministerio Público instó al Consejo de Estado para que, con prontitud, sean resueltas las acciones de nulidad interpuestas contra los actos administrativos relacionados en este asunto, en especial con el suspendido Decreto 4444 de 2006, que reglamentó la objeción de conciencia en este tema.
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