COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
Un juez de conocimiento revocó la medida de aseguramiento preventiva con la que fue cobijada el presunto hacker Andrés Fernando Sepúlveda, por considerar que no se cumplieron los requisitos en su captura.
La funcionaria judicial consideró que Sepúlveda deberá permanecer en libertad mientras avanza el proceso en su contra, abierto para determinar si interceptó de manera ilegal los correos de miembros del Gobierno Nacional y de representantes de la guerrilla en la mesa de negociaciones de paz en La Habana (Cuba). Seguirá vinculado al proceso.
La juez criticó la captura de Sepúlveda y el hecho de que una fuente no identificada haya informado a la Fiscalía sobre los presuntos delitos que se estaban cometiendo. Además, se preguntó si el ente acusador sí habría realizado las verificaciones necesarias: "No logró completar el universo jurídico para atribuir a Andrés Sepúlveda la naturaleza de los mismos (delitos) en esta instancia procesal".
Para la juez, en el proceso de captura se violó el debido proceso, pues, según su relato, no se había emitido orden de captura y fue aprehendido cuando se realizó un allanamiento en el que manifestó colaborar con la justicia, "acto seguido fue capturado (...) para fines de ser escuchado en interrogatorio, su captura se produjo después de ser escuchado".
Durante la diligencia, la juez recordó los argumentos de la Fiscalía cuando solicitó a un juez de garantías la medida de aseguramiento en su contra. "Por una suma de 8 millones de pesos el señor Sepúlveda compró unas bases de datos que contienen información relacionada con desmovilizados de grupos al margen de la ley. Compra realizada con un contacto que trabaja en el COA (Comando de Operaciones Aéreas, dependencia adscrita al Ministerio de Defensa)".
A Sepúlveda la Fiscalía le imputó los delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, interceptación de datos informáticos y espionaje.
Investigarán a la jueza
El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ordenó abrir una investigación penal contra la juez décima penal del Circuito, Teresita Barrera, quien decidió dejar en libertad al presunto hacker Andrés Fernando Sepúlveda, investigado por las interceptaciones a correos del Gobierno y negociadores de paz en La Habana.
El Fiscal señaló que existen pruebas suficientes para determinar que la funcionaria judicial habría caído en el delito de prevaricato por acción, al tomar la decisión a favor del presunto hacker.
Montealegre crítico el hecho de que la funcionaria judicial no haya tenido en cuenta las pruebas mostradas por la Fiscalía durante una audiencia preliminar, ni tampoco el allanamiento a cargos de Sepúlveda.
"La Fiscalía General de la Nación cuenta con abundantes elementos materiales probatorios y evidencia legalmente obtenida, que permiten inferir razonablemente que el señor Sepúlveda es posible responsable de los delitos que le fueron imputados", dijo Montealegre.
Así las cosas, el Fiscal mencionó algunas pruebas con las que cuenta el ente acusador, entre las que se incluyen grabaciones de Andrés Sepúlveda, en los que se evidencia la transmisión de información confidencial de inteligencia a otras personas; bases de datos y testimonios que dan cuenta de las interceptaciones.
La Fiscalía le había imputado a Sepúlveda los delitos de espionaje, acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso y violación de datos personales, por ser el presunto autor de las interceptaciones ilegales y tratar de sabotear el proceso de paz.
La juez décima penal del Circuito, Teresita Barrera, manifestó que la decisión de dejar en libertad a Sepúlveda se tomó en derecho, por lo cual no le preocupa la investigación anunciada por la Fiscalía.
"Los jueces estamos sometidos a este tipo de situaciones” y que “el señor Fiscal General, que es un hombre brillante a nivel de derecho, debe entender que no nos podemos pronunciar por lo que está por fuera del proceso”.
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