EFE | LA PATRIA | Bogotá
El representante de la alta comisionada de la ONU para los DD.HH. en Colombia, Alberto Brunori, se reunió este jueves en Bogotá con el exministro preso por corrupción Andrés Felipe Arias y acerca del que la organización emitió un fallo a favor por "repetidas y graves violaciones" a sus derechos fundamentales.
La reunión se produjo a solicitud del abogado de Arias y en seguimiento a la Resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, relacionada con el debido proceso, detalló la oficina de Brunori a través de su cuenta de Twitter.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas falló en el 2018 a favor del exministro Arias, conocido como "Uribito" por su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), una demanda contra el Estado por las "repetidas y graves violaciones" a sus derechos fundamentales que consideran le fueron cometidas.
Según informó en el 2018 el despacho de abogados de Arias, la decisión fue tomada por unanimidad luego de un proceso que se inició el 11 de agosto de 2014.
Arias fue ministro de Agricultura entre el 2005 y el 2009 durante el Gobierno del entonces presidente Uribe.
El exministro fue condenado en Colombia por el caso conocido como Agro Ingreso Seguro, un programa para otorgar créditos blandos a pequeños agricultores para instalar sistemas de riego del que se aprovecharon grandes terratenientes.
Arias, arrestado en el 2016 en EE.UU., fue extraditado el pasado 12 de julio a Colombia, donde fue condenado en el 2014 a más de 17 años de cárcel por un caso de desvío de subsidios del programa agrícola.
El envío del exministro fue autorizado por el Departamento de Estado desde febrero pasado y se hizo efectivo tras un fallo adverso en una corte de Atlanta, en la que habían apelado sus abogados para frenar la extradición.
Arias, 46 años, fue detenido en su casa de Weston (Broward), al norte de Miami el 24 de agosto de 2016, liberado tres meses después bajo fianza con un grillete electrónico y arrestado de nuevo en septiembre de 2017 durante una audiencia en la que el juez John O'Sullivan aprobó por primera vez su extradición.
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