Objeciones quedan en manos de la Corte

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
a pelea legislativa que dieron el Gobierno y el uribismo contra los partidos independientes y de oposición por las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedó en tablas al no decidirse si se aprobaron o se negaron.
Cuatros días después de que el tema fue el punto central en cada plenaria, el Senado lo evacuó ante la imposibilidad de lograr una decisión al momento de votar. La plenaria que estuvo citada para las 9:00 de la mañana tan solo arrancó a las 12:30 del día, con la orden de volver a votar las objeciones.
La misma, según el presidente del Senado, Ernesto Macías, se debió hacer porque en la primera votación no hubo decisión. Ayer al abrirse el registro para aprobarlas solo hubo 33 votos y por negarlas uno, esto porque los partidos independientes y de oposición, que habían estado unidos para negarlas, se salieron en una muestra de rechazo a la misma votación.
Las razones por las cuales la Corte Constitucional debe asumir la decisión final de las objeciones, es porque el alto tribunal hace dos meses remitió notificación al Congreso que sin importar cuál fuera la decisión de las mismas deberían ir a su revisión.
También porque en el proceso se presentaron vicios en el trámite, entre ellos el cálculo de las mayorías para saber con cuántos votos se decide una votación.
Ajedrez político
La alianza entre independientes y oposición llegó tan solo hasta ahí, porque de inmediato los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y la U, decidieron que se debía pasar la página y dejar en manos de la Corte Constitucional la suerte final de esas objeciones, mientras que en lo legislativo se reactivaba la coalición mayoritaria que se conformó desde julio, en la cual está también el Centro Democrático.
Esta decisión de los cinco partidos abrió nuevamente la puerta legislativa a que al Gobierno le sean aprobadas sus principales iniciativas, comenzando por el Plan Nacional de Desarrollo, que de inmediato empezó a ser discutido en la plenaria del Senado y se terminaba de votar en la plenaria de la Cámara.
También esa reactivación de la coalición mayoritaria estaría salvando el trámite de actos legislativos que están a punto de hundirse, la reforma política, la reforma a las regalías, la reforma que prohíbe la conexidad del delito de narcotráfico con el delito político y hasta la reforma a la justicia, la cual presentó el Partido Cambio Radical, y cuenta con el apoyo del propio Gobierno nacional.
Al reactivarse esta coalición se ratifican además los acuerdos
políticos que se tienen para la conformación de las mesas directivas en el Congreso, y que según los mismos desde el 20 de julio la presidencia del Senado corresponde al liberalismo y de la Cámara de Representantes a
Cambio Radical. En votos esta alianza garantiza mínimo 58 votos.
De la misma forma esto permitiría que arranquen los cambios en el Gobierno nacional, para que el presidente Duque cierre así su crisis de gobernabilidad, lo que se representaría en salida de ministros en los próximos días.
Incluso ayer se aclaró un supuesto impase que hubo entre el expresidente y senador Álvaro Uribe y el liberal Lidio García, quien sería el nuevo presidente del Senado, se desmintió que Uribe hubiese golpeado a García el martes en la noche mientras se debatía sobre las objeciones.

Gobierno teme que EE.UU. descertifique a Colombia
El Gobierno teme que el país pueda ser descertificado por Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico por el rechazo del Congreso a las objeciones que el presidente, Iván Duque, hizo a la ley estatutaria de la JEP, entre las que está una relacionada con la extradición. Al Gobierno le preocupa que eso acabe perjudicando las relaciones con EE.UU. justo en un momento en que el presidente, Donald Trump, ha hecho críticas a los resultados del Gobierno de Duque en la lucha contra las drogas.
El artículo en cuestión es el 153 porque, según explicó en su momento Duque, condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo, lo que puede ser utilizado para evadir a la Justicia de terceros países.
Colombia fue descertificada por la Casa Blanca en dos ocasiones, 1996 y 1997, durante el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) a raíz del escándalo surgido por denuncias sobre infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña presidencial.