Nuevo decreto sancionaría a jueces por demora en trámites de la Ley de Amnistía

 El próximo miércoles el Gobierno Nacional firmará el anunciado Decreto que busca facilitar los procedimientos de libertades condicionales, amnistías e indultos a integrantes de las Farc, tras el llamado de atención que hiciera la Misión de las Naciones Unidas.

Aunque la firma se esperaba para este lunes, no se ha hecho porque el requisito legal exige que le borrador del Decreto esté publicado durante cinco días para recibir intervenciones ciudadanas.

El proyecto de Decreto, publicado en la página web del Ministerio de Justicia, agrega un capítulo al Decreto 1069 de 2015, que es el reglamentario del sector justicia, para señalar que el término para resolver cualquier beneficio de la Ley de Amnistía debe ser de diez días desde que se presente la solicitud y cinco días para resolver la apelación.

El Decreto plantea que, si no se cumple con ese término, entonces los jueces podrán incurrir en fallas disciplinarias.

“Este término no es prorrogable y su vencimiento será causal de mala conducta. El superior dará aviso inmediato a la autoridad disciplinaria competente”, dice el borrador de norma.

Igualmente, se fija en máximo dos días el plazo máximo para la remisión a los jueces de la información que necesiten para resolver peticiones de guerrilleros que tengan múltiples delitos y, por tanto, se deba verificar su todos ellos son conexos al delito político o no.

El Decreto establecerá que los jueces no resolverán dudas sobre si un delito está relacionado o no con el conflicto armado pues esa competencia solo la tendrá la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, señala que cuando una persona esté detenida por delitos que no son objeto de amnistía y que tenga varias condenas. Se le concederá la libertad si lleva más de cinco años preso.

Igualmente, se precisa que cuando se otorguen amnistías de iure, la autoridad judicial que lo haga deberá cancelar la orden de captura o medida de aseguramiento vigente contra esa persona.

El pasado viernes, el Gobierno anunció que este Decreto nuevo buscaba superar los obstáculos y las trabas que se estaban interponiendo en la materialización de las libertades de integrantes de la guerrilla.

De acuerdo con el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, de 2700 guerrilleros que requieren amnistía ya han salido 170, por lo que faltan al menos 1000 personas más.

Entre tanto, en los centros de detención de la Fuerza Pública algunos policías y militares detenidos iniciaron una huelga de hambre, alegando el supuesto incumplimiento en el otorgamiento de las libertades condicionales.