Notario de Montería legalizó tierras despojadas

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

Desde el 2011 informes de la Fiscalía y de la Superintendencia de Notariado y Registro revelaron lo que era una verdad a gritos: que comunidades campesinas de Córdoba y el Urabá antioqueño fueron víctimas de paramilitares y negociantes que lograron quedarse con millones de hectáreas de tierra de forma fraudulenta, a través de la ayuda de notarios y funcionarios públicos.

Al parecer, Lázaro del Cristo de León sigue siendo hombre clave para entender cómo se tejió el despojo de tierras. Por esa razón, esta semana la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra del notario que logró poner a nombre de miembros de las Auc más de mil 100 escrituras, en lo que se conoció como el caso de la Casa Castaño.

En dicho documento, conocido por Colprensa, se consignan los resultados que arrojó el análisis de más de 4.400 denuncias formuladas por víctimas del paramilitarismo. A continuación se revelará la estrategia que usó el notario para hacer legal lo que fue un despojo de tierras, según la versión de la Fiscalía.

Del despojo de tierras a la legalización

“Ahí vivía yo, las casas sí eran mías, el negocio era mío, yo tenía una tienda, tenía un criadero de gallinas, de cerdos, cría de animales y todo eso era mío, vivía con mi esposa y mi hijo. Entonces llegaron los señores que en ese tiempo eran los mochacabeza o los tanqueros, los señores que hoy en día se llaman los Casa Castaño. Y nos obligaron a salir, si no queríamos que remataran a mi mamá y mi papá. Me vine para aquí para la ciudad. Yo, que soy del campo, he estado aquí en Montería y luego se hizo la tramitación de la negociación de la finca”, cuenta un desplazado de Córdoba.

De acuerdo con el análisis hecho por la Dirección de Fiscalías en el eje temático de desaparición forzada y desplazamiento, para llevar a cabo su plan de expansión, las Auc recurrieron al desplazamiento forzado de poblaciones enteras como arma de guerra, con el fin de tener el control estratégico del territorio. Estos éxodos masivos se daban luego de que los paramilitares ejecutaban homicidios selectivos, cometían una o varias masacres, desaparecían personas, mayoritariamente padres cabeza de familia, hurtaban ganado o amenazaban directamente a los pobladores para que abandonaran la región, so pena de perder la vida.

Con las tierras abandonadas y la orden directa a los pobladores de no retornar a sus viviendas, los paramilitares comenzaron no solo a ejercer un férreo dominio territorial, sino también a controlar las actividades sociales y económicas de las zonas donde tenían participación.

“Los hechos materia de investigación tienen su origen para el año de 1990, luego de la iniciación del proceso de paz con el Epl, cuando Fidel Castaño, quien fuera fundador de las Auc, manifestó su interés por entregar las armas, con el fin de hacer parte de los diálogos de paz que estaba adelantando el gobierno nacional”, dice el documento de la Fiscalía.

Se estableció que muchos de estos predios se encontraban enclavados en la comprensión municipal de Montería y otros municipios de Córdoba y fueron distinguidos como las fincas de Cedo Cocido, Jaraguay, Roma, Las Tangas, Santa Paula, Arquia, Betulia, Volador, Pasto Revuelto, Palma Sola, Nueva Esperanza, Santa Mónica, entre otras.

Este fue el modus operandi con el que Fidel Castaño Gil y su hermano Carlos Castaño lograron esconder grandes extensiones de tierra, incluso acudiendo a una especie de reforma agraria, que no fue más que una mascarada, toda vez que algunas tierras fueron escrituradas, pero no entregadas a los campesinos a quienes se les impidió el ingreso a ellas.

“Se iba hasta el sitio de interés y se le manifestaba a la víctima, por lo general el hombre, que el ‘patrón estaba interesado en esa finca’. Si se oponía, se le decía que si no vendía, la viuda vendería más barato”, explicó en el documento la Fiscalía.

La estrategia no terminó en ese punto, despojada la tierra ahora tenían que legalizarla. Para ello los hermanos Castaño recurrieron a la creación de organizaciones fachadas, siendo la más importante de ellas, según la Fiscalía, la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).

“Con el objeto de legalizar el despojo de bienes y obstaculizar el seguimientos de la tradición de los mismos, los Castaño crearon organizaciones y fundaciones a las que primero se les donaba tierra, luego esta fundación la regalaba parcelada a un grupo de personas, en la mayoría de los casos escogidas por los Castaño y luego se les exigía que vendieran nuevamente a la fundación. Esto ha dificultado la persecución de los bienes”, señala el documento de la Fiscalía.

El papel del notario

Es en este punto tuvo injerencia el notario segundo de Montería, Lázaro del Cristo de León de León, quien previo a iniciar la protocolización de las escrituras públicas de donación se habría reunido con Fragoso Pupo, representante legal para la época de Funpazcor y con habría concertado los visos de legalidad para los contratos de compraventa de los previos.

En la investigación está la declaración de Manuel Salvador, alias 'Móvil 5', quien dijo que las escrituras se firmaban en los campamentos de los Castaño, y los testimonios de más de 30 campesinos que aseguran que nunca firmaron documentos para entregar sus tierras y que con los años se enteraron de que los predios ya no estaban a su nombre.

Se suma que en los documentos encontrados se identificó la creación de formatos preconcebidos, a los que solo se les modificaban el nombre, el número de identificación y los valores de los predios. Incluso en varias de las escrituras que sirvieron como pruebas de la irregularidad, hacen falta hojas de los documentos.

Se comprobó que “las escrituras fueron tramitadas en la Notaría Segunda de Montería, cuyo notario para la época de los hechos era el sindicado Lázaro del Cristo. Otra de las coincidencias, que a la fecha hay 119 escrituras públicas declaradas inexistentes, por autoridad judicial competente, todas de su despacho”, argumenta la Fiscalía.

“Sin la expedición de dichas escrituras, no hubiese sido posible el despojo material y legal de las víctimas respecto de sus parcelas, concretando así el presunto trabajo criminal en darle visos de legalidad a los despojos producidos por Funpazcor a través de terceros”, puntualiza la Fiscalía en su escrito.

La relación del notario con el magistrado Pretelt

Lázaro Del Cristo ya fue llamado a juicio y le imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, fraude procesal agravado y falsedad en documento público, por favorecer la venta de los predios. Y sus problemas judiciales no terminan con ese proceso.

También se le procesa para demostrar si facilitó al magistrado Jorge Pretelt la que sería una adquisición irregular de la Fincas Alto Bonito y La Corona, a través, primero, de la propiedad por su esposa, Martha Ligia Patrón de Pretelt.

“En esa diligencia tuvo participación el paramilitar Evelio Enrique Díaz, alias el Burro, quien le vendió a la señora Martha Ligia Patrón la finca ‘No hay como Dios’ (o La Corona), en junio del 2000. Años más tarde, en el mismo despacho se hizo el traspaso de la propiedad a Pretelt”, dice un funcionario de la Fiscalía.

Por estos hechos la también procuradora delegada Martha Ligia Patrón rindió interrogatorio en la Fiscalía.

Sobre estos dos predios del magistrado pesan medidas cautelares ordenadas por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.

El castigo de la Procuraduría

Lázaro del Cristo fue acusado también por el concurso de méritos en el que 10 notarios de Córdoba presentaron tesis de grado de otras personas como si fueran de su autoría, con el fin de obtener puntos que les permitirían quedarse con los cargos. Por estos hechos fue inhabilitado 16 años por la Procuraduría.

El juicio

Se espera que en dos meses la Fiscalía comience el juicio en el que la Fiscalía presentará el material probatorio y los testigos con los que espera lograr una condena de más de 15 años de prisión para el notario Lázaro del Cristo, quien permanece con detención domiciliaria desde el año pasado.