Normas de consulta anticorrupción se implementarían a partir del 2020

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Lo alcanzado el martes en la plenaria del Senado, al haber sido aprobada la consulta anticorrupción, es apenas el comienzo de un largo camino que comprenderá al menos dos años más para ver la implementación de las siete propuestas que justificaron la convocatoria de la misma, la cual, según dijo el Gobierno, sería por tarde el 2 de septiembre próximo.
Lo que le viene a la consulta son dos pasos fundamentales. Luego de que el presidente, Juan Manuel Santos, la convoque, tal y como ya lo anunció el propio ministro del Interior, Guillermo Rivera, la realización de la misma muy seguramente la deberá hacer el próximo presidente de la República.
Bien sea Iván Duque o Gustavo Petro, deberán esperar a que la consulta logre el umbral requerido, es decir, que en la misma haya al menos una tercera parte del censo electoral, que en promedio serían 12 millones de votos, de ellos, la mitad más uno deberá refrendar la validez de cada uno de los siete puntos.
La senadora y promotora de la consulta, Claudia López, aseguró que el paso más importante ahora será el “más duro, debemos lograr que 12 millones de ciudadanos vayan a las urnas para ir a votar, la mitad más uno debe votar sí a cada una de las preguntas. Será un esfuerzo pedagógico enorme”.
Esa pedagogía de la que habla la senadora se hará por medio de la Registraduría Nacional y del comité promotor de la consulta, labor en la que tendrán que explicar cada una de las siete normas y resaltar la importancia del porqué los electores deben salir a acompañarla con su voto.
Si se logran cumplir los umbrales de ley, la consulta da un plazo de un año al Congreso para que tramite y apruebe las normas, en caso de que el Congreso no las tramite, el presidente de la República las expedirá por decreto.
Es decir en términos de tiempo, de cumplirse como se calcula que se vote en septiembre próximo, los primeros proyectos de ley y las reformas constitucionales deberán llegar a las sesiones del primer semestre del 2019 y de ahí iniciar su trámite.
Las leyes, si tienen las mayorías, se podrían votar en una misma legislatura, pero las reformas constitucionales, como por ejemplo para bajar el salario a los congresistas, deberán tener un trámite en dos legislaturas, es decir se haría efectiva, si se aprueba, hasta 2021.

Habla el mininterior
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, asegura que “lo que dispone la ley es que luego de esta decisión del Senado, el Gobierno cuenta con ocho días para hacer la convocatoria a esta consulta, que debe hacerse durante los tres meses siguientes, con lo cual, la fecha límite sería el 2 de septiembre”.
Precisó que una vez el Senado de la República remita el acta de la decisión, empezarán a correr los ocho días que tiene el Gobierno para convocar esa consulta.
“Aún no tenemos oficialmente la estimación de los costos. Hablé con el registrador, quien nos expresó que ellos ya vienen adelantando las evaluaciones para establecer a cuánto puede ascender el costo. Sin embargo, más allá de la misma, al Gobierno Nacional le parece que la realización de esta consulta significa un fortalecimiento de nuestra democracia y, en ese sentido, no estima que esto sea un gasto, sino más bien una inversión en el desarrollo democrático de la sociedad colombiana”, dijo el ministro del Interior.
Agregó que al Gobierno Nacional “le parece que los temas sobre los cuales los colombianos estarían llamados a la consulta, son temas que el Gobierno comparte, porque tienen que ver con una mayor transparencia en la administración pública y este Gobierno siempre ha estado comprometido con la lucha anticorrupción y con las iniciativas que vayan con el propósito de garantizar mayor transparencia”.

El 26 de julio del 2017 los promotores de la consulta anticorrupción presentaron ante la autoridad electoral 4,3 millones de firmas para el trámite de la iniciativa que busca castigar duramente la corrupción.