No solo en La Habana se camina hacia la paz

COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

Terminado el ciclo 12 de negociaciones de paz y a menos de 15 días de que se cumpla un año de la firma del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, que dio inicio al proceso de paz en la Habana (Cuba), hasta ahora solo se han llegado a acuerdos relacionados con los dos primeros puntos de la agenda propuesta.

Sin embargo, la situación al interior del país muestra que las negociaciones de La Habana y la preparación del postconflicto no van al mismo ritmo. ¿Cuáles y qué tan acertados han sido los esfuerzos del Estado para concretar la paz en el país?

Entre los esfuerzos hechos en Colombia, gran parte de estos han sido exitosos en términos de crear un ambiente de mayor confianza y facilitar la firma de un acuerdo de paz que termine en forma definitiva el conflicto armado con la guerrilla de las Farc.

Esfuerzos

Por un lado están los realizados por distintas ONG como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas para la Atención a Refugiados (ACNUR), la RedProdepaz, entre otras que procuran vincular a la población civil en el proceso y buscan alternativas para que algunos colombianos presenten propuestas de paz, de acuerdo con sus experiencias en el marco del conflicto.

Esto ha sido especialmente útil en los foros organizados por la Universidad Nacional y el PNUD que han recogido propuestas de la población civil y las víctimas directas e indirectas del conflicto armado y las han presentado directamente a los negociadores en La Habana, de tal forma que sean incorporadas a las conversaciones de paz.

Desde que empezaron las conversaciones exploratorias con las Farc, el 23 de febrero del 2012 en La Habana (Cuba), el Gobierno colombiano se ha esforzado por reformar varios aspectos de la política nacional para abrir las puertas a la firma de un acuerdo final.

El más reconocido de esos esfuerzos es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que reconoce los derechos de quienes han sido objeto de diversos crímenes por cuenta del conflicto armado. También obliga al Gobierno Nacional a reconocer los terrenos incautados a grupos armados al margen de la ley, para que sean devueltos a los campesinos que fueron despojados de ellos.

Esta ley también determina las condiciones de Justicia Transicional en que los victimarios deban reparar a sus víctimas, ya sea a través de la entrega de las tierras despojadas o de una indemnización económica. En caso de que los victimarios no tengan recursos con los cuales puedan reparar a sus víctimas, el Estado es quien debe hacerlo "sin que esto signifique la responsabilidad del Estado en el hecho victimizante".

Otro esfuerzo importante de las diferentes ramas del poder público ha sido la aprobación del Marco Jurídico para la paz. Este acto legislativo presentado en el 2011 por el Gobierno Nacional fue aprobado por el Congreso de la República el 31 de julio del 2012 y actualmente es evaluado por la Corte Constitucional, la cual deberá determinar su exequibilidad antes de que termine agosto. Por ahora, la ponencia está orientada a avalar el acto legislativo.

De ser aprobado este último, el Congreso de la República se verá obligado a proclamar una ley estatutaria que determine las condiciones bajo las cuales se aplicaría la Justicia Transicional a los victimarios, una vez se firme el acuerdo de paz. También deberá crear por ley una Comisión de la Verdad que se encargue de esclarecer las responsabilidades en los hechos victimizantes ocurridos durante el conflicto armado.