Miguel André Garrido A.
Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
De Andagoya en el Chocó, una población ubicada en la desembocadura de los ríos San Juan y Condoto, en el medio San Juan, es Luis Gabriel Murillo. El nuevo ministro de ambiente se define como un “negro afrocolombiano”, para hacerle el quiete a la extensa discusión acerca de cómo referirse a su raza.
De niño el hoy ministro deseaba ser ingeniero de minas, como efectivamente lo logró, un sueño motivado por las condiciones en que vivían los contratistas mineros para los que trabajaba su padre.
Murillo será quien lidere temas ambientales en el marco del posconflicto y le ponga la cara a asuntos como la aspersión con glifosato, la conveniencia o no de la explotación petrolera y la minería, tanto ilegal como legal.
Sin extremos
¿Cuál es su visión del ambiente como ingeniero de minas?
Cada uno de los sectores necesita entrar en un proceso de reconversión de cara a la adaptación al cambio climático, para que se busque una gestión ambiental sostenible en las empresas y eliminar actividades ambientales ilegales. Los mineros deben aprender más de ambiente y los ambientalistas más de minas.
¿Cómo garantizar la minería responsable?
Hay que plantear muy buenos estándares que correspondan a nuestra realidad. Estos deben hacer un balance entre las necesidades de desarrollo del país y la necesidad de conservación ambiental. El debate debe hacerse, sin irse a los extremos.
¿Qué cree que debe hacerse con la minería ilegal?
Ese es otro tema urgente. Es claro que está ligada al conflicto armado y a las organizaciones criminales. A esto se suma la lucha frontal que debe darse contra la exploración ilegal de recursos madereros y del bosque. Acá debe darse una respuesta de Estado.
Desafíos
¿Cuál es el principal problema ambiental que usted ve en Colombia?
Un desafío que veo es la articulación de los acuerdos de paz con las metas de desarrollo sostenible. Otro reto es aterrizar la política ambiental en los territorios y llevar ese diálogo a la gente.
¿Qué espera que pase después de firmar la paz?
Los acuerdos tienen que materializar en un dividendo ambiental. El diálogo con las comunidades debe llevar a que se concilien las metas de desarrollo económico del país con las metas de conservación ambiental y las de desarrollo ambiental. Eso fue lo que hicimos en el plan Todos somos Pacífico.
¿Qué lectura le da al escándalo por la licencia en La Macarena?
Pudo haber falta de comunicación y coordinación entre las entidades. Este es uno de los temas a los que hay que responder con urgencia. Hay que generar mucha coordinación entre las entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental y sus instituciones. Sólo así podremos responder mucho mejor en los procesos de licenciamiento.
Pero el país requiere extraer petróleo, ¿cómo hacerlo?
Hay que generar espacios de trabajo conjunto con este y otros sectores para poder coordinar el trabajo. Hay escenarios en los que vamos a afinar esos asuntos.
No al glifosato
¿Debe usarse el glifosato para combatir los cultivos ilícitos?
Me parece que no y esa es la postura del Gobierno. En lo personal, y como gobernador del Chocó, siempre he dicho que no comparto la fumigación con glifosato.
Entonces, ¿qué hacer ante el incremento de cultivos de coca en parques naturales?
El presidente dispuso que se adelantaran planes piloto de intervención integral en Tumaco y en la Costa Pacífica nariñense, para disminuir los cultivos ilícitos hasta llegar a cero municipios con coca. En el Ministerio voy a conocer cómo está el tema en parques naturales, para ver cómo aplico una estrategia similar.
El balance que hace del plan Todos Somos Pacífico
Encontramos una región con muchos problemas. Trabajamos con las comunidades, las diócesis, los líderes sociales y las autoridades. En el caso de Buenaventura, de los 100 compromisos, entregamos más de 80: obras como el Estadio La Independencia y la ampliación del Puente del Piñal. Se mejoró la seguridad, pues se pasó de una tasa de homicidios de casi 50 por cada 100 mil habitantes, a 17 o 20.
En Quibdó, aunque van lentas, se aseguraron los recursos para la pavimentación de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Tadó-Pereira.
En Guapi (Cauca) se tiene prevista una inversión de 24 millones de dólares para asegurar la solución la atención en saneamiento básico (acueducto, alcantarillado y aseo).
En Tumaco se trabajó mucho en los cultivos de palma, se erradicó la palma enferma, y se plantaron nuevas hectáreas.
El plan se declaró como de interés estratégico nacional y se creó el fondo, que ya entró en operación, para cerrar brechas; para eso cuenta con un crédito de 400 millones de dólares del BID y el Banco Mundial.
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