Niegan libertad al coronel Plazas Vega

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Al considerar que no se cumplen todos los requisitos estipulados por la ley, un juzgado especializado de Bogotá rechazó ayer la solicitud presentada por el abogado Jaime Granados, defensor del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, en la que se pedía que se le otorgara la libertad inmediata.

Para el administrador de justicia no se cumplían todos los requisitos ordenados por la ley para otorgarle este beneficio al excomandante de la Escuela de Caballería, condenado a 30 años de prisión por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

El juez explica que no es conveniente que por el afán de dejar en firme una sentencia se tomen medidas de forma acelerada. Y es que para el juzgado no se demostró que Plazas Vega esté privado de la libertad de manera ilegal, tal y como lo indicada el defensor en la solicitud prsentada.

Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado por el Juzgado Tercero Especializado de Bogotá a 30 años de prisión luego de encontrarlo culpable del delito de desaparición forzada agravada. Dicha condena fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá y ahora está a la espera de casación por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El caso del Palacio visibiliza a los desaparecidos

La exfiscal delegada ante la Corte Suprema Ángela María Buitrago (foto), una de las personas que más conoce sobre desaparición de personas en Colombia, por haber estado al frente de la investigación por la toma y retoma del Palacio de Justicia, critica la actuación del Estado en relación a la defensa que se hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso. Considera que se cayó en contradicciones.

“La argumentación resulta contradictoria con las mismas decisiones que produce el Estado a través de los jueces. Se está generando un desconocimiento a las decisiones judiciales. El argumento central es que no se pueden utilizar las sentencias en vía penal porque no están en firme, lo cual es contradictorio con el mismo alegato de contestación del agente del Estado”, aseguró.

Para la especialista, la problemática no está en el número de personas que pudieron ser víctimas de desaparición, sino en que el Estado se ha dedicado a desconocer a la rama judicial y a entregar un mal mensaje frente a una grave problemática que vive el país y que se ejemplifica en lo que pasó con el caso del Palacio.

“Sobre desapariciones, en particular no importa sin es una, son dos o son 30. Una sola desaparición, que por ejemplo es el caso de Irma Franco, que está más que demostrada, también generaría la obligación de que en términos internacionales el Estado lo reconozca, circunstancia que lleva a un mejoramiento frente a los deberes del Estado”, indicó.

Según Buitrago, lo que se está haciendo con los argumentos presentados es, en cambio, generar impunidad y desconocer las sentencias proferidas por los hechos ocurridos durante y después de la toma del M-19 al Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

“La defensa se ha centrado, en la contestación de la demanda, en desconocer todos estos hechos, en alegar la inexistencia de los desaparecidos y en afirmar algo que ninguna decisión judicial ha podido confrontar, que es que fueron calcinados en el Palacio de Justicia”, aseguró.

De acuerdo a la experta, es conocido por todos que la justicia en Colombia ha indicado que existen unos desaparecidos en el caso del holocausto del Palacio y que se deben dar respuestas a las víctimas y a la sociedad: “Hay decisiones, como bien lo sostienen quienes han intervenido en este tema, que reconocen la desaparición de 11 personas, hay una sentencia en segunda instancia que reconoce la desaparición de dos, pero tampoco niega la desaparición de las otras 9, es decir, que no absuelve a nadie por esas nueve. Para el Tribunal faltó una prueba técnica más especializada de ADN y eso es lo que se está ordenando en la misma sentencia del Tribunal”.