"Necesitamos una fiscalía para el siglo XXI": Fiscal General

Por: Julieth Zapata Gallo

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, dentro del balance a sus primeros nueve meses frente al ente investigador, habló de la manera como ha pensado en una institución moderna, acorde a la época del país y asegura es necesario hacer una reestructuración que la aleje de sus inicios, hace 20 años.

De la misma manera, Montealegre señaló cuáles han sido esos procesos que, pese al poco tiempo que lleva en la Fiscalía ha podido impulsar, para que lleguen a feliz término, de acuerdo al cometido de la entidad.

El jefe del ente acusador, en diálogo con Colprensa, habla de las alianzas realizadas con países como Estados Unidos y Ecuador para luchar contra la delincuencia y de la forma como buscan combatir grandes organizaciones criminales que tanto daño le han hechos al país. De la misma manera, se refiere al apoyo que se le ha dado a la propuesta de la creación de la denominada Corte Penal de Unasur.

Entre los logros que destaca Montealegre para el año que termina está el que el Congreso de la República aprobara la creación de un fondo especial que le permitirá a la Fiscalía la monetización de los bienes incautados y así invertirlos en proyectos de la entidad. Además, ve de manera positiva la asignación de cien fiscales que se dediquen a procesos priorizados enfocados principalmente a la lucha contra la violación de los derechos humanos.

- Este es su prime año al frente de la Fiscalía y se considera que el despegue siempre es complicado ¿Cuál es su balance en estos nueve meses frente de la entidad?

Yo creo que uno de los primeros puntos es que nosotros diseñamos una plataforma que indica una nueva orientación en la lucha contra la criminalidad. Creo que uno de los mayores defectos que pueden anotarse a la Fiscalía es que durante estos 20 años estuvo enfocada básicamente en el análisis de la delincuencia, pero como un fenómeno individual y fragmentario. Dedicada a hacer análisis, investigaciones e imputaciones de la criminalidad, como si se tratara de fenómenos aislados.

-¿Cuál es ese cambio trascendental que se ha dado desde que usted llegó a la entidad?

Uno de los giros más importantes que comenzamos a diseñar es una orientación distinta para entender que lo importante es luchar contra organizaciones criminales, es decir, iniciamos con un giro de investigaciones centradas en casos individuales, en casos específicos hacia una Fiscalía que debe orientarse a la lucha contra la criminalidad organizada y a analizar, estudiar y combatir aparatos organizados de poder y delincuencia.

En estos nueve meses hemos dejado sentadas las bases de cara a la investigación de estructuras criminales, y el próximo año vendrá la segunda fase, que es su implementación, no solo en Bogotá, sino en todas las regiones del país.

MACROCRIMINALIDAD

- Usted dice que siempre hay que combatir la macrocriminalidad ¿Cómo se está haciendo eso desde la Fiscalía?

Nosotros dimos una nueva orientación a las investigaciones frente a la macrocriminalidad, fundamentalmente cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. Hicimos un estudio de cuál era la metodología que utilizan la Corte Penal Internacional, las Cortes ad hoc, en materia de Tribunales internacionales para investigar crímenes de lesa humanidad y algunos países que han tenido grandes problemas de este tipo, además de violaciones masivas a los derechos humanos.

Para esto debemos contar con la priorización, es decir, que no es posible que un sistema penal pueda asumir el desafío de investigar absolutamente todos los delitos que se cometen en un conflicto armado. En Colombia estamos hablando de más de 300 mil delitos denunciados dentro del conflicto armado.

-¿Cuando usted habla de priorización de la justicia a qué se refiere?

El Derecho Penal Internacional y la Justicia Penal Internacional han vendido construyendo con la experiencia de los años un criterio muy importante, que es el de priorización. Esto significa que las investigaciones tienen que tener un orden, que hay unos casos que deben tener una preferencia sobre los otros para iniciar las indagaciones.

-¿Qué tipo de casos en Colombia hacen parte de esa priorización?

Hay unos criterios subjetivos que pertenecen a la naturaleza de las víctimas, hay que darle prioridad a temas que tengan que ver con sectores más vulnerables. En materia de victimarios hay que centrarnos en los máximos responsables.

Hay criterios objetivos como el hecho de que hay que investigar en primer lugar las más graves violaciones a derechos humanos, las que sean sistemáticas, las que sean generalizadas, los casos que puedan desde el punto de vista jurídico dejar pautas de interpretación hacia otros casos y un criterio adicional, es que también deben tenerse en cuenta los casos que más tengan probabilidad de éxito en juicio.

- ¿Qué hechos están enmarcados en dichos criterios?

El año entrante vamos a avanzar en la investigación de casos muy importantes para el país como los 'falsos positivos', la Unión Patriótica, reclutamiento de niños en el conflicto, crímenes sexuales durante el conflicto, los casos de desplazamientos forzados más relevantes. 100 fiscales se van a dedicar a asumir de tiempo completo los casos de priorización.

- ¿Cómo va a quedar la carga de esos 100 fiscales especiales?

Se les quita la carga de trabajo y se dedicarán al caso priorizado el cual será estudiado sobre la base de analizar la estatura criminal y las relaciones que tengan con otras estructuras delincuenciales.

- Y de los casos no priorizados…

Los casos que no sean priorizados seguirán el trámite normal de investigación y eso no significa que se van a dejar de lado, solo que no van a ser adelantados por los fiscales especiales, sino de la manera tradicional.

DERECHOS HUMANOS

- ¿Cómo va la lucha contra la impunidad de delitos que atentan contra los derechos humanos?

Empezamos con el diseño de una estructura que permite el análisis de los contextos en los cuales se han producido las graves violaciones a los derechos humanos, es decir, no se trata solamente de imponer sanciones en casos individuales, sino que es supremamente importante que la Fiscalía pueda reconstruir los contextos en los cuáles se han producido las graves violaciones a los derechos humanos como un mecanismo de reconstrucción histórica de la verdad.

Colombia tiene que avanzar en criterios racionales que permitan hacer investigaciones sobre todo en derechos humanos, para determinar si las violaciones son sistemáticas o generalizadas.

Lo importante no es saber quién está de manera individual detrás una amenaza, sino qué estructuras son las responsables de las amenazas a dirigentes sindicales, a defensores de derechos humanos o qué estructuras están detrás de los desplazamientos forzados (…) Está metodología fue ya destacada por la Corte Penal Internacional y un informe de Naciones Unidad, donde se reconoce que es un modelo acertado de lucha contra la impunidad y que es una metodología a nivel de Colombia muy innovadora.

- ¿Cuáles procesos que usted considera tuvieron un buen desarrollo los meses que lleva al frente de la Fiscalía?

Le dimos un gran impulso a los casos más graves de corrupción como el 'carrusel' de la contratación en Bogotá, el de la Dirección Nacional de Estupefacientes, impulsamos los procesos que tenían que ver con eventuales fenómenos de corrupción en adjudicación de cárceles en el país. De igual manera, a los temas de salud a los que se suman los importantes pasos para llevar a juicio implicados en carrusel de testigos.

Además, empezamos una depuración de los casos de Justicia y Paz para excluir a los desmovilizados que no están cumpliendo con los compromisos, por eso se va solicitar la exclusión de Justicia y Paz de cerca de 350 personas, además avanzamos dentro de la lucha contra el paramilitarismo, porque se tomaron decisiones muy importantes, muchísimas determinaciones en materia de extinción de dominio; de lucha contra bandadas criminales, el narcotráfico y lavado de activos.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- Ustedes lograron una serie de acuerdos con otros países, entre ellos los Estados Unidos ¿en qué consisten?

Logramos que Estados Unidos abriera la posibilidad para que se acordara un nuevo marco jurídico de repartición de bienes entre ese país y Colombia, sobre todo cuando Estado Unidos decomisa o extingue propiedades en esa Nación y que son de personas extraditadas. También conseguimos de Estados Unidos una intensificación de la cooperación bilateral judicial, porque se pactó que las pruebas que se practiquen allí, contra personas extraditadas, las podamos conocer en Colombia para impulsar nuestros procesos.

Con la Fiscalía de Ecuador iniciamos el diseño de lo que será un nuevo tratado de lucha contra la delincuencia organizada para pensar en la posibilidad de la creación de lo que se denominará la Corte Penal de Unasur. Es una propuesta liderada por el Fiscal General del Ecuador y que nosotros hemos venido apoyando.

- Recientemente el Congreso aprobó un fondo que le permite a la Fiscalía hacer uso de los bienes incautados ¿Cómo se usará esto en beneficio de la entidad?

Nosotros avanzamos muy bien en el fortalecimiento de mecanismos administrativos que le permitan a la Fiscalía la administración de los bienes incautados. Se acaba de crear en el Congreso un fondo especial que le permitirá a la Fiscalía la monetización de los bienes incautados. Estos bienes en este momento tienen un valor formal en avalúos de más de 500 mil millones de pesos. Que la Fiscalía pueda enagenarlos, permutarlos, arrendarlos, es decir, que puedan ser dispuestos para venderlos, y ese dinero destinarlo a proyectos de inversión de la Fiscalía.

- ¿Cómo va la reestructuración de la entidad?

Empezamos a realizar las bases de lo que será el próximo año el gran rediseño institucional de modernización de la Fiscalía General. Creemos que el diseño actual es anticuado, este es un modelo de gestión que se creó hace 20 años cuando nació la entidad, pero los desafíos que se tienen ahora son muy distintos a los que teníamos hace dos décadas. Por eso el 2013 se verá el cambio.