Nada que termina el turismo parlamentario

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Entre los muchos vicios que históricamente han afectado la imagen del Congreso de la República, el turismo parlamentario es de los que más genera resquemor en la opinión pública.

De hecho, el constitucionalista Juan Manuel Charry -que fue asesor del llamado Congresito que sesionó en 1991 mientras se redactaba la nueva Constitución Política- recuerda que fue algo que se pretendió erradicar por completo. En ese entonces, como ahora, en el Capitolio Nacional se abusaba de un instrumento que, por esencia, debería servir para el intercambio de relaciones legislativas con otras naciones, pues se echa mano de él para premiar afectos y simpatías so pretexto de una misión oficial.

Por ello, tanto en la Constitución como en su desarrollo legal se incluyeron hace más de dos décadas nuevos controles penales y administrativos para frenar los excesos. Pero, al parecer, el remedio no surtió efecto. Tanto así, agrega el catedrático de la Eafit Jorge Giraldo Ramírez, que las altas Cortes se dejaron contaminar.

Lo más censurable, según los observadores, es que estos viajes se pagan con recursos públicos asignados al presupuesto de cada corporación, y aunque, en teoría, congresistas y magistrados deben entregar a las respectivas mesas directivas un informe de la gestión realizada en misión oficial, rara vez cumplen. “Cuando un congresista regresa de su viaje, se supone que debe presentar un informe sobre su gestión, pues iba en misión oficial, pero nadie cumple con ese requisito. Y las pocas veces que presentan esos informes se radican ante la Secretaría General de la Cámara o del Senado, pero no se someten a discusión. Entonces nadie sabe qué hizo la delegación”, afirma un exministro de Gobierno que también fue parlamentario.

Más controles

El presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, quien además es (de los actuales) el parlamentario que más veces ha viajado al exterior, sostiene que “a menos que se solicite un permiso no remunerado, los gastos (de las misiones oficiales) se cargan al presupuesto del congresista”, es decir, esos viajes los paga cada corporación.

Lo paradójico, admite, es que la aprobación de las misiones oficiales al exterior, así sea por invitación de otras naciones, debe tener el respaldo de las dos terceras partes de la cámara respectiva, mayoría que obviamente se alcanza de un solo pupitrazo. Pero del informe de gestión no se tiene noticia. “Muchos viajes son justificados por los nexos que debemos tener con otros países. En estas visitas se adelantan acuerdos comerciales, intercambios de cooperación legislativa y judicial, etc.”, justifica Posada.

Si bien las misiones al exterior son necesarias y convenientes, pues se trata la representación en el exterior del Congreso, las Cortes, o la entidad pública que las apruebe, su abuso también es innegable.

El catedrático Ancízar Marroquín, del Centro de Altos Estudios de Administración Pública, considera que el abuso de este instrumento se debe a la falta de conciencia política: “Eso se llama abuso. Los organismos de control deberían ser más estrictos con ese despropósito, pero sobre todo debería hacerlo la opinión pública, que es quien elige a los congresistas”.

Así como el profesor Charry, destaca la importancia de las misiones oficiales al exterior, pero dice que las entidades que utilicen esa figura deben idear mecanismos para que la ciudadanía sepa quién viajó, a dónde, con qué propósito y, sobre todo, cuánto le costó al país.

“Colombia tiene altos índices de corrupción, pero no es por falta de controles. Los controles ya existen, los mecanismos están ahí, hay régimen penal y disciplinario, hay control fiscal, etc. Lo que falta es cultura política, conciencia y controles sociales que incluyan sanciones”, asegura Charry.

Entre tanto, el analista Édgar Peñuela Pinto advierte que mientras no existan mecanismos de rendición de cuentas, los controles éticos se seguirán violando todo el tiempo. “El Congreso, las Cortes y, en general, todas las entidades que manden funcionarios al exterior en misión oficial, deben crear una página en internet para divulgar el informe de gestión, para que la ciudadanía sepa en qué se invierten nuestros impuestos. Ah, y crear muchas más veedurías ciudadanas, cuyas denuncias puedan generar efectos legales y penales”.

Peñuela concluye que la falta de cultura política y conciencia ciudadana “hace muy difícil poner en línea tres principios básicos: lo ético, lo legal y lo conveniente”.

Seis misiones por mes

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, se ha convertido en centro de toda suerte de críticas por sus polémicos y consecutivos viajes en crucero por el Caribe y otros académicos a España. Aunque la jurista aclaró que la travesía la pagó con dineros propios, se le cuestiona que haya hecho el viaje gracias a un permiso remunerado, que debe reservarse solo para situaciones de fuerza mayor.

En el Congreso la situación es más preocupante aún. Desde el 20 de julio de 2010 a la fecha, se han autorizado 240 viajes, es decir, un promedio mensual de 75 misiones oficiales por año, o seis cada mes. Pese a que la mayoría de viajes corresponde a invitaciones de embajadas, institutos académicos, gobiernos extranjeros o empresarios privados, en la mayoría de casos el Legislativo asume el total o parte de los gastos.

Es insólita la argumentación de muchos desplazamientos: visitar una fábrica de plásticos en Tailandia, o simplemente “para estrechar lazos de amistad y cooperación”.

Según datos revelados esta semana por Caracol Radio, justamente el presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, es el parlamentario con más salidas al exterior: 14 en total; le siguen el representante Juan Diego Gómez, con 11, y sus colegas David Barguil, Diela Benavides y Germán Blanco, con 10 cada uno.