Minsalud, en apuros por exigencias de la Corte

COLPRENSA | LA PATRIA

Cinco autos emitidos por la Corte Constitucional tienen en aprietos al Gobierno, que se verá obligado a tomar medidas inmediatas para mejorar la atención en salud y frenar el desbarajuste financiero del sistema.

Las órdenes son del pasado 16 de noviembre y hacen parte del seguimiento a la sentencia T-760 de 2008. En uno la Corte le dio 20 días al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para salvaguardar, controlar y recuperar los recursos malversados y dilapidados en el sistema de salud.

Según las cuentas de la Contraloría, en los últimos cinco años el detrimento por corrupción o malas inversiones en el sistema asciende a $8 billones. Sin embargo, lograr que ese dinero regrese a las arcas de la salud será una tarea titánica.

Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación de Empresas Sociales del Estado y de Hospitales Públicos (Acesi), sostiene que será muy difícil retornar los dineros, especialmente en el caso de las EPS que hicieron malos usos y ya traspasaron los recursos a terceros.

El Ministerio de Salud deberá rediseñar el sistema de verificación, control y pago de recobros en tres meses.

Por los recobros

Los recobros al Fosyga por prestaciones que supuestamente no están dentro del POS ha sido un foco del desangre. Jaime Arias Ramírez, presidente de Acemi (organización que agrupa la mayoría de EPS del contributivo), considera que en este tema no se ha hecho prácticamente nada, y afirma que los recobros “van creciendo y se seguirán manteniendo”.

No obstante, cifras del Minsalud indican que con las medidas de control han permitido pasar los recobros de $2,4 billones en el 2010 a $2 billones en el 2011. La meta para el 2012 es que bajen a $1,8 billones, cifra que sigue siendo alta.

La Corte también le exigió al Ministerio expedir una regulación para conjurar la crítica situación de sobrecostos de los medicamentos que no están dentro del POS, pero también de los que están incluidos en los planes de beneficio.

El vocero de los pacientes de alto costo, Néstor Álvarez, sostiene que aunque el Gobierno le puso tope a algunos medicamentos para controlar su precio, esos límites no se fijaron acorde con las tarifas internacionales.

Pone el caso de los medicamentos oncológicos, cuyos topes se pusieron, pero teniendo como referencia el precio más alto del mercado. Por eso no hay rebajas reales en los costos.

Lo más difícil de cumplir

Las implicaciones de las órdenes emitidas por la Corte tienen preocupado al jefe de la cartera de Salud, Alejandro Gaviria, quien el pasado martes se reunió con los magistrados para saber los alcances de estas medidas.

Uno de los autos que más lo alarmó es el que le exige igualar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado a la que tienen los del contributivo. Se trata del dinero que gira el Gobierno por cada paciente, que se pretende igualar para ambos regímenes.

Hoy, lo que recibe una EPS por un usuario del contributivo es de $ 547 mil 639 para que tenga acceso a todo lo del POS, mientras que el monto que gira el Estado por paciente del subsidiado es de $433 mil 666.

Aunque las UPC se tenían que igualar tarde o temprano, después de que se tomó la decisión de poner el mismo POS para ambos regímenes, el ministro esperaba tener más plazo para hacer los estudios técnicos que demuestren cuáles son los costos.

Sin embargo, la salida de varias EPS del régimen subsidiado que se declararon incapaces de seguir prestando todos los servicios del POS sin un incremento en su UPC, fue una razón que motivó a la Corte a tomar esta decisión.

Lo que le preocupa a Gaviria es que esto cuesta alrededor de $2,2 billones anuales que se no contemplaron en el presupuesto del 2013. Además, considera que sin estudios previos la decisión puede ser apresurada porque no se sabe si la UPC del contributivo está sobrestimada y se termine pagando más de lo debido a las EPS.

Otra cosa piensa el Presidente de Acemi, quien sostiene que si bien se deben hacer estudios para saber cuánto debe costar la UPC para ambos regímenes, no es aceptable bajar la del contributivo, porque según él, apenas alcanza para pagar los costos del POS.

Una preocupación que comparten hospitales y gremios de pacientes con la decisión de la Corte es que se van a girar más recursos a EPS que se han declarado insolventes, y se teme que terminen utilizando esos recursos que son para mejorar la atención de los usuarios en sanear deudas pendientes.

“Nos preocupa que se generarán mayores recursos parafiscales a entidades que están en situación de insolvencia, y sin patrimonio mínimo. Por lo tanto es entregarles más plata a entidades que prácticamente están en causal de liquidación”, dijo la directora de Acesi.

¿Mico?

Un auto de la Corte Constitucional le exige al Gobierno que “adopte medidas para estimular que quienes tengan capacidad económica efectivamente coticen en el sistema de salud”. Lo que le preocupa a los pacientes es que se empiece una especie de limpieza en el Sisbén y que terminen cotizando quienes no tienen cómo. El problema, según Néstor Álvarez, vocero de los pacientes, es que no se define con claridad qué se entiende por capacidad de pago, y se deja la puerta abierta para que suceda lo mismo que con los decretos de emergencia social, donde se llegó a sugerir que los usuarios podían gastar sus cesantías para pagar servicios de salud. Sin embargo, la directora de Acesi sostiene que mientras no se expida un decreto la posibilidad está cerrada.