ARGEMIRO PIÑEROS
COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
A Iván Duque Márquez y a Pedro Sánchez Pérez los unen muchas cosas en este momento. Son presidentes de Colombia y España, respectivamente, y ambos llegaron al poder siendo muy jóvenes y hasta les han cuestionado sus títulos académicos.
Pero hay un tema más que los une: los sonados escándalos en la alborada de sus gobiernos de algunos de sus ministros, que en el caso español ya han cobrado dos cabezas. En Colombia la polémica está al rojo y podría llevar a que salga uno.
El jefe del Gobierno Español vio cómo en menos de cuatro meses se fueron los ministros de Cultura y Deporte, Maxim Huertas, y de Sanidad, Carmen Montón. Huertas dejó su labor cuando apenas llevaba siete días en el cargo, luego de conocerse que había defraudado al fisco nacional en 256.778 euros entre el 2006 y el 2008. Montón dimitió tras denunciarse irregularidades en la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos.
Aunque en Colombia el caso del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no configura una violación a las normas como sí sucedió en España, el futuro del jefe de la cartera económica sí podría ser el mismo en cuanto a su salida del Ejecutivo.
De sus 16 ministros, Duque tiene en Carrasquilla al más frágil para ser el blanco de críticas, eso debido a que durante siete años ya había ocupado el mismo cargo durante la administración de Álvaro Uribe, en donde tuvo que liderar reformas pensionales, tributarias y la venta de varias entidades públicas del sector financiero, entre ellas Bancafé.
Al llegar ahora en 2018 al cargo, Alberto Carrasquilla es el ministro a quien más han criticado, incluso desde antes de posesionarse. Después de la juramentación, del pasado 7 de agosto, los contradictores aumentaron sus ataques cuando anunció diferentes propuestas para frenar la evasión de los impuestos, como también que se debe gravar con el IVA a toda la canasta familiar para mejorar los ingresos tributarios.
Desde hace una semana, cuando el periodista Daniel Coronell escribió en su columna de opinión en la revista Semana sobre los beneficios económicos que ha alcanzado Carrasquilla a través de su empresa Konfigura S.A. al ofrecer y colocar entre municipios y departamentos colombianos los llamados ‘Bonos Agua’, el ministro no ha dejado de estar en el ojo del huracán.
Con esos papeles financieros, se colocaron más de $440 mil millones en deuda a través de 117 municipios que buscaban financiar obras de infraestructura para agua y saneamiento básico. Los bonos están contemplados en la Ley 1176 de 2007, la cual tramitó Carrasquilla.
El senador Enrique Robledo citó el próximo martes a un debate de control político en el congreso al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Debate más político que judicial
Esta situación llevó a que el caso Carrasquilla se enfrasque más en un debate ético-político que jurídico, porque tal y como lo expresó el propio Coronell, el hoy ministro no cometió ningún delito, pero sí queda de por medio que más de un centenar de poblaciones se han afectado por el alto costo de ese endeudamiento.
Desde el Congreso, el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, es quien ha liderado los cuestionamientos al ministro, y por eso lo tiene citado a un debate de control político para el próximo martes en la plenaria de la corporación.
El líder de la izquierda fundamenta parte de sus señalamientos contra Carrasquilla en que “es el caso del ministro negociante que abusa del poder del Estado luego de salir del mismo y en su beneficio personal tiene negocios como los bonos del agua”.
Para Robledo, lo que hizo en su momento Carrasquilla fue introducir la trampa en la ley. “Compró bonos con una tasa de UVR + 8%, mientras que a los municipios les cobraron la tasa de UVR + 11% y a 19 años de plazo, sin pago anticipado, quedándose aparentemente con un 3% que fueron unos 14 mil millones de pesos anuales durante cinco años”. El senador asegura que el ministro debe renunciar.
En concepto del analista Mauricio Jaramillo este episodio está afectando la imagen y parte de la credibilidad que tiene por ahora el presidente Iván Duque. “Le baja la popularidad al presidente, la gente no hace diferencia entre el presidente y sus ministros, es su gobierno, y si se equivoca no se diferencia”, indica.
La situación en el debate político podría llevar a que Carrasquilla tuviera que enfrentar una moción de censura, que es la máxima sanción que desde el Congreso de la República se le pude hacer a un ministro. Un recurso que, si alcanza las mayorías calificadas, llevaría a que saliera del cargo.
El profesor del Externado Carlos Andrés Arias sostiene que sería improbable que prospere esta moción de censura, ya que históricamente no se ha dado.
“Carrasquilla fue un actor fundamental en la campaña política y la coalición de gobierno alcanzaría para que no se dé. Lo que sí puede llegar a suceder es que la opinión pública presione tanto que renuncie”.
No para la polémica
Para esa sesión, los cuestionamientos no sólo vendrán de parte del senador Robledo, sino también de Gustavo Petro, quien ya ha dicho que en el caso del ministro hay responsabilidades que no se han dicho.
“Invito al Partido Liberal, a Cambio Radical y a las bancadas de la oposición a discutir una posición común para solicitar la moción de censura del ministro de Hacienda Carrasquilla. No se trata de hacer un debate ordinario sino de garantizar la votación favorable a la moción”, dijo Petro.
Las voces de apoyo a Carrasquilla vendrán del Centro Democrático y del Partido Conservador, pero espera que una de las mayores defensas la haga el senador y expresidente Álvaro Uribe, quien lo tuvo en sus dos gobiernos.
El exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, dice que es una cacería de brujas para afectar al gobierno de Iván Duque, que apenas está arrancando pero quieren cuestionarlo y no dejarlo actuar.
Y es que a diferencia de España, en Colombia sería histórico que un ministro tuviera que renunciar fruto de un escándalo.
Un caso reciente fue en 1997, cuando el entonces ministro de Transporte en el gobierno de Ernesto Samper, Carlos Hernán López, renunció debido a que fue suspendido del cargo luego de haber participado en un acto político a favor del exsenador Carlos Ferro.
En junio del 2012, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, renunció como consecuencia del escándalo que se dio por la aprobación de la reforma política y a la justicia.
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