COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Desde el lunes, comunidades indígenas de 69 municipios del país salieron a las calles para instalar lo que ellos llamaron la Minga indígena por la vida. Las principales razones para convocar esta movilización social están relacionadas con el reclamo de derechos fundamentales que les han sido violados durante años, entre ellos el respeto por sus vidas.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el 62,7% de esta comunidad está en riesgo de desaparecer por múltiples factores sociales, entre ellos, el asesinato sistemático de dirigentes. Un ejemplo de ello, y el punto que desató la indignación de esta población, fue la reciente muerte de Aulio Isarma Forastero a manos del Ejército de Liberación Nacional, con menos de un mes de haberse declarado el cese al fuego de esta guerrilla con el Gobierno Nacional.
El Estado ha reconocido en múltiples ocasiones que las poblaciones indígenas y afrodescendientes han sido víctimas del abandono sistemático a lo largo de muchos años. Por eso, ambas comunidades fueron incluidas en los Acuerdos de Paz de La Habana de manera especial. No obstante, dicen los manifestantes que, nuevamente, el Gobierno les ha fallado porque en lo que va del posconflicto no les ha cumplido nada.
“Con estos son 1.300 acuerdos que no nos han cumplido”, dijo Gerardo Jumí, líder indígena de la comunidad emberá. ¿Pero qué le garantiza a esta etnia que, luego de la negociación, el Gobierno les va a cumplir? La pregunta se la hizo Colprensa a Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien precisamente se encontraba este viernes en la mesa de seguimiento al paro que, por 22 días, hizo la comunidad de Buenaventura en el mes de mayo, exigiendo los mismos derechos que hoy tiene a más de 10.000 indígenas en una minga indefinida.
Voz
-¿Cuál es la posición del Gobierno frente a esta minga indígena que ya completa casi una semana y que ha dejado varios heridos, bloqueos y personas retenidas - posteriormente liberadas-?
Lo primero que tenemos que decir es que entendemos las necesidades de los pueblos indígenas. El presidente Santos lo ha dicho en varias ocasiones: tenemos una deuda histórica con estos pueblos, la cual tenemos que saldar. Sin embargo, este es el Gobierno que más ha avanzado en eso.
- ¿Según el Gobierno, en qué ha avanzado?
En muchas cosas, aunque falta mucho por hacer. En el caso ambiental, por ejemplo, hace poco ampliamos las áreas protegidas del país. Pasamos de 13 millones de hectáreas a 28,5 millones. En el territorio nacional, hemos otorgado 112 certificados para la creación de resguardos witoto. Entonces, como se evidencia, hemos tenido avances ambientales, económicos y en otros sectores.
El presidente Santos también aprobó el decreto 1953 que da autonomía a las comunidades indígenas para que manejen sus recursos de salud, educación, agua potable.
- Hablemos de los avances sobre minería ilegal, que es de los temas sobre los que piden revisión las comunidades indígenas.
Este es un tema que ha revisado el Gobierno con el Ministerio de Minas y Energía. Se ha avanzado mucho en controlar la extracción ilícita de minerales. Sin embargo, presentamos un proyecto de ley ante el Congreso de la República para dar más herramientas a los ministerios de Defensa y Ambiente, la Fiscalía, y a la Fuerza Pública para actuar frente a este tema, y todavía no ha avanzado.
Cada día que pasa, sin que este proyecto sea aprobado, media tonelada de mercurio se vierte en los ríos y se deforestan casi 40 hectáreas por extracciones ilegales. Realmente allí necesitamos más herramientas y así lo entienden las comunidades indígenas, por eso han puesto este tema dentro de la agenda de trabajo cuando se inicie la negociación.
Acercamientos
- Esto a nivel general, pero ¿cómo van los acercamientos para instalar una mesa de concertación con los representantes de la minga?
El presidente hace poco estuvo en Popayán en diálogo abierto con los indígenas del Cauca. El vicepresidente Óscar Naranjo también ha estado en diálogo con ellos y trabajando con estos pueblos. Nosotros, por ejemplo, llevamos varios días despachando desde el Cauca, Valle, Buenaventura y otras regiones, para responder a las inquietudes de la minga. Estamos abiertos al diálogo para que haya acuerdo.
-¿Entonces por qué no se ha podido instalar la mesa de diálogo formalmente entre el Gobierno y los líderes de la minga?
Lo que les estamos planteando a los líderes es que no vamos a negociar mientras no se dé la apertura de vías, al menos por uno de los carriles. Eso sería lo más aconsejable porque esperamos que se pueda llegar a acuerdos rápidamente. Ayer estuvimos con uno de los pueblos indígenas y pudimos llegar a una concertación. Esperamos que este ejemplo se pueda seguir con las comunidades que están en la minga y se están movilizando.
- Ellos dicen que exigirles que levanten los bloqueos es violar el derecho a la protesta…
Nosotros respetamos la movilización social. Sin embargo, lo que hemos dicho es que esta debe ser pacífica y sin vías de hecho porque también tenemos que respetar los derechos de las poblaciones que no se están movilizando. Y es que hemos visto acciones inhumanitarias.
Han talado árboles para bloquear las vías, han destruido infraestructura y han derramado aceite en las carreteras. Estas son acciones inadmisibles.
En Caldas
En Caldas han taponado la vía Manizales-Medellín, y El Palo-Supía. La minga en el departamento concentra a unos 400 integrantes, congregados en la Parcialidad La Trina.
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