Madres de los llamados falsos positivos de Soacha, en contra de beneficios para militares

Bogotá. Este martes el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca aplazó la audiencia en la que se iba a conocer si 22 militares serían condenados por cinco casos de ejecuciones extrajudiciales, ocurridas en Soacha. 
Al terminar la audiencia, las madres de los jóvenes que fueron presentados como bajas en combate, señalaron que este grupo de militares deben ser juzgados por la justicia ordinaria, y rechazaron enfáticamente la propuesta del senador Álvaro Uribe, de conceder beneficios jurídicos a los integrantes del Ejército que tienen procesos en curso, luego de que el No, obtuviera la victoria en el plebiscito. 
“Estamos preocupadas, tenemos que hacer algo, porque el expresidente propone alivio judicial para militares, Uribe no tiene que estar dando dictadura, dando órdenes, él no es el presidente y aún más él está untado con la muerte de los ‘falsos positivos’ de Soacha”, señaló Luz Edilia Palacio, madre de Jader Andrés Palacio Bustamante.
En este proceso son juzgados desde hace más de cinco años 21 de los integrantes de la brigada 15 del Batallón Santander de Ocaña, entre ellos el coronel Gabriel de Jesús Rincón, por lo que las madres exigieron que la justicia determine si el grupo de los militares fueron responsables de la muerte de sus hijos. 
“Las madres de Soacha pedimos al Estado que nos ayude, no es como dijo el señor Uribe que va a defender a los militares, los que hayan cometido lo errores que paguen y los que sean inocentes que salgan. Nosotras las víctimas necesitamos una verdad, necesitamos justicia que encarcelen a quienes cometieron errores”, reiteró Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Guerrero. 
Tanto la Fiscalía, como las víctimas le pidieron al juez que emita la máxima condena contra los 21 militares quienes podrían pagar más de 40 años de prisión de ser declarados culpables. 
La audiencia que se tenía prevista para este martes fue aplazada, dado que uno de los abogados de los militares se ausentó argumentando una incapacidad médica. La diligencia fue reprogramada para el 17 de noviembre.